Hace
casi un año, en su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric
dijo “vamos a promover también un rol más activo de la Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP) en el mercado del gas, el cual se traducirá en
precios más justos para todas las chilenas y chilenos. Avanzaremos,
inicialmente, en un proyecto liderado por ENAP que distribuirá cilindros
de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año”.
¿Qué
pasó? Se hizo un plan piloto, con costos de $591.000.000 para el
Estado, beneficiando a poco más de 3.000 familias (no 100.000, como
anunció el Presidente), quienes pudieron comprar gas a “precio justo”,
en poco más de $15.000 por cilindro. ¿El problema? Que el costo asociado
a cada uno de esos balones fue de $117.000, generando pérdidas que
superan los $100.000 por cada balón comercializado.
Podemos sacar varias lecciones a partir de esta experiencia:
Primero:
¡Qué bueno que solo se trató de un plan piloto! Si se gastaron 591
millones para beneficiar a poco más de 3.000 familias, imagínense lo que
habría implicado cumplir la promesa presidencial de entregar gas a
100.000 familias. Obviamente, la objeción no es a que más personas que
necesitan la ayuda reciban beneficios, sino a que dichos beneficios
provengan de programas mal diseñados.
Segundo:
¿Cómo es posible que este plan se haya implementado? ¿Cómo podemos
entender que al interior de un Estado que no ha parado de crecer, nadie
haya sido capaz de frenar la venta de cilindros de gas a un precio casi
ocho veces inferior al de sus costos? ¿Podría haber ocurrido algo como
esto en el sector privado sin pensar en que se inicien acciones legales
por competencia desleal basadas en dumping?
Tercero:
Desde un punto de vista de las políticas públicas, ¿no habría sido
preferible entregar $23.000 a cada una de las familias que se quería
beneficiar? Así, sin aumentar los costos del plan, se podría (i) haber
quintuplicado el número de beneficiarios; o (ii) haber aumentado la
cobertura de los beneficios (pues manteniendo los costos en $117.000,
tras la compra del cilindro de gas en $23.000 quedarían $94.000 para
cubrir otras necesidades).
Cuarto:
Si el plan “Gas para Chile” lo debía realizar ENAP, ¿por qué razón han
sido varios ministros (Energía, Economía, Hacienda y Desarrollo Social) y
no los ejecutivos de ENAP quienes han salido a explicar -malamente- lo
ocurrido? ¿Qué pasa con el gobierno corporativo de ENAP y la
independencia que debiese existir entre esa empresa pública y el
gobierno de turno?
Quinto:
¿Es posible tomar lecciones de lo ocurrido en el mercado del gas
licuado a lo que podría ocurrir con la eventual participación del Estado
en el mercado del litio?
Cuando
estamos a poco más de una semana para que el Consejo Constitucional
comience a sesionar, espero que nuestros consejeros tengan en
consideración experiencias como ésta (y muchas otras que nos enseña la
historia), particularmente cuando se discutan temas tan importantes como
el rol del Estado en la economía (incluyendo, por cierto, la regulación
del Estado-empresario). Y también espero que, en su segunda cuenta
pública, el Presidente Boric haga anuncios realistas y responsables.