El
pasado 1 de junio en su cuenta anual en el salón de honor del Congreso,
el Presidente de la República Gabriel Boric, presentó un importante
paquete de medidas en ejecución y en desarrollo en el sector educación,
de gran relevancia y atención para el Mineduc. Una de ellas es el
Proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las
Comunidades Educativas, que fue ingresada hace unos días al parlamento
por el Ministro de Educación Nicolas Cataldo.
Este
proyecto de ley robustece y consolida los esfuerzos sistémicos y
permanentes del Mineduc que se orientan a prevenir hechos de violencia,
acoso y discriminación y se enlaza con diferentes políticas en ejercicio
que son de parte del Plan de Reactivación Educativa, como el programa
habilidades para la vida, el programa a convivir se aprende y
recientemente, la actualización de la Política Nacional de Convivencia
Educativa 2024 – 2030.
La escuela como parte de la sociedad no es ajena a las situaciones de
violencia que se generan en diferentes espacios, mucho más considerando
los desafíos que en materia de bienestar y salud mental tenemos en el
marco de los efectos de la pandemia del covid-19. Esto nos impulsa a
mirar diferentes iniciativas en materias de gestión educativa para la
mejora de la convivencia, en lo cual hemos tenido una demanda creciente
desde las comunidades. Lo vemos en las cifras de la Superintendencia a
nivel nacional, del total de denuncias que este órgano fiscalizador
recibió durante el 2023, el 72,1% corresponden a materias de convivencia
escolar.
Este
proyecto de ley se nutre de diferentes miradas, considera ideas y
contenidos de proyectos ingresados al parlamento relativos a convivencia
educativa, no discriminación, seguridad, prevención de delitos y
consumo de drogas en los espacios educativos; también recoge
recomendaciones técnicas de instancias convocadas por el Mineduc, como
el Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental, el
Consejo para la Reactivación Educativa y la Mesa Técnica Centros
Educativos como Espacios Protegidos y contempla los espacios de dialogo y
trabajo con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
En
concreto este proyecto contempla cuatro líneas de acción. En primer
lugar, fortalece el rol del estado en el abordaje de la convivencia
escolar, considerando la obligación de renovar la Política de
Convivencia Educativa cada ocho años, instala una perspectiva
interinstitucional de trabajo, lo que implica el fortalecimiento de la
labor articulada entre MINEDUC, Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaría
de Justicia, Ministerio de Interior, entre otras instancias.
En
segundo lugar, fortalece los instrumentos de gestión para la
convivencia educativa, dentro de lo cual se considera la obligación de
las escuelas que reciben recursos del estado de contar con un
coordinador de dedicación exclusiva para la convivencia educativa, la
promoción de enfoques formativos en la aplicación de los reglamentos con
foco en la prevención y en el trabajo en el aula, entre otras medidas.
En
tercer lugar, el desarrollo de medidas pedagógicas para la convivencia
escolar, creando un observatorio de la convivencia educativa al alero de
la Agencia de la Calidad de la Educación, que nos permitirá, en base a
evidencia, contar con nuevas estrategias pedagógicas para la promoción
de la buena convivencia en las comunidades educativas.
En
un cuarto punto, lamentablemente los equipos pedagógicos no están
exentos de vivir situaciones de violencia en el ejercicio de sus
funciones. Por ello este proyecto de ley establece un resguardo especial
en el marco de la normativa laboral vigente, que explicita el rol de
los sostenedores en la prevención, investigación y sanción de conductas
de acoso y violencia en centros educativos.
Hemos
visto que este proyecto desde su anuncio ha contado con un importante
respaldo tanto de diferentes sectores políticos como de organizaciones
de la sociedad civil, centros especializados, agrupaciones y familias
que dan cuenta de la necesidad de legislar al respecto. Esperamos que
este consenso permita la pronta aprobación de este cuerpo legal muy
esperado por nuestro sistema escolar.
Esta
iniciativa fortalece el trabajo de las comunidades educativas y del
Ministerio de Educación desplegado en el territorio en materias de
convivencia. En este marco sólo este mes, hemos podido trabajar en la
actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa, con
directores (as) y encargados (as) de convivencia escolar de
establecimientos públicos; hemos trabajado en materia de inclusión
educativa con equipos PIE y directivos con el apoyo de la
Superintendencia de Educación y hemos dispuesto la realización de una
jornada regional de revisión de reglamentos internos, considerando la
actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa en todas
las escuelas para el día 26 de junio, con la participación de los
diferentes estamentos y con el resguardo del tiempo y las condiciones
necesarias para la reflexión en las comunidades.
Estas
son parte de las medidas que desde el Ministerio de Educación se
encuentran en desarrollo para el cuidado y bienestar de todos y todas
quienes son parte del sistema escolar en la región de Magallanes y la
Antártica Chilena.