Este
jueves 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, una
enfermedad que cada día aumenta su incidencia en la población. Según La
Organización Panamericana de la Salud (OPS), “en la Región de las
Américas el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4
millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones
murieron por esta enfermedad. Aproximadamente, el 57% de los nuevos
casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años
de edad o más jóvenes”.
En
nuestro país se estima que cada día mueren 72 personas por algún tipo
de cáncer, es decir, tres personas cada hora. La enfermedad ya es la
primera causa de muerte en varias regiones de Chile y a poco andar lo
será a nivel nacional. La pandemia del Covid-19 ha agravado esta
realidad y se está gestando una pandemia silenciosa de enfermos de
cáncer que, debido a la emergencia sanitaria, no han sido diagnosticados
o cuyos tratamientos se han visto interrumpidos.
Un informe de diciembre de 2020 da cuenta de lo anterior. Estos son los números: Cáncer colorrectal 15 años y más
(750 diagnósticos retrasados y 220 tratamientos retrasados); cáncer de
mama (550 y 326); cáncer cervicouterino (497 y 120); cáncer gástrico
(664 y 164); cáncer de pulmón (177 y 52); linfoma en adultos (158 y 39);
cáncer de próstata (184 tratamientos retrasados); cáncer de tiroides
(41 y 112); cáncer renal (34 y 102); cáncer de ovario epitelial (54 y
16); cáncer de testículos en adultos (34 y 22); leucemia adulto (48 y
6); cáncer en menores (10 y 9); cáncer vesícal 15 años y más (17
tratamientos retrasados); y mieloma múltiple en personas de 15 años y
más (7 y 2). Esta es solo la punta del iceberg.
Afortunadamente,
antes de la llegada del Covid-19, junto con las agrupaciones de
pacientes oncológicos y después de muchas batallas logramos que se
promulgará la Ley Nacional del Cáncer, un esfuerzo de articulación de la
política pública cuyo fin es hacerse cargo de la enfermedad que más
temor causa en la gente y que puede significar la ruina de una familia
debido a los altos costos de los tratamientos y los medicamentos
asociados.
Sin
embargo, las demoras de parte del Gobierno en la implementación de las
medidas contempladas en la normativa han provocado que miles de
pacientes que deberían haberse visto beneficiados con los recursos
contemplados en la Ley, hasta ahora sigan esperando. En efecto, el
informe financiero de la Ley establece claramente la destinación de $60
mil millones para tratamientos de alto costo que no están cubiertos ni
por el GES (Garantías Explícitas en Salud) ni en la Ricarte Soto. Ni un
sólo peso de esos dineros han sido utilizados para lo que están
contemplados.
Siempre
hemos dicho que la Ley no solucionará todos los problemas del cáncer de
un día para otro y así también lo entienden las agrupaciones de
pacientes y sus familias,
pero lo que no entendemos ni aceptamos, es que debido a problemas
burocráticos o de falta de voluntad política se esté condenando a miles
de compatriotas a no tener una posibilidad de vivir.