Vivimos
tiempos en que se exige demasiado a la escuela pública, que sea
formativa, que discipline, que asegure inclusión y fomente el
pensamiento critico, todo la vez. Entendemos que la escuela debe
estar abierta a los cambios de la sociedad para cumplir su función en la
formación de ciudadanos educados y competentes. Esto implica una
adaptación constante a las necesidades cambiantes de la sociedad en su
conjunto. La escuela no puede permanecer ajenas a las preferencias,
dudas, aspiraciones y expectativas de los padres y alumnos en una
sociedad social de mercado, de lo contrario se transforma en getto,
contestario y rebelde que no aporta. Por el contrario, los desafíos de
la sociedad requieren una respuesta proactiva y una colaboración entre
los educadores, los responsables políticos y la comunidad para asegurar
que la educación continúe siendo una fuerza positiva y de promoción
social en la vida de las personas, de lo contrario simplemente es una
institución que no puede desaparecer porque el Estado requiere de su
presencia testimonial y nada mas.
El
rol de la clase política, de los profesionales del derecho y de otras
disciplinas es fundamental, para genera una escuela que sea una
organización política, administrativa y jurídica eficiente, que permita
la creación de ambientes propicios para el aprendizaje por su
importancia la organización supera a menudo la de los proyectos
técnico-pedagógicos. Los proyectos pueden ser excelentes en términos de
contenido y metodología, pero sin el respaldo adecuado de una estructura
política, administrativa y jurídica sólida, están condenados al
fracaso.
Un
marco jurídico sólido es esencial para establecer las bases legales de
la educación, porque define los derechos y deberes de los estudiantes,
trabajadores de la educación y padres, garantiza la igualdad de
oportunidades y establece estándares de calidad. Sin una base jurídica
sólida, es difícil mantener la estabilidad y la coherencia en el sistema
educativo.
A
su vez, la estabilidad política es un factor crítico para el
funcionamiento eficiente de las instituciones educativas. Los cambios
frecuentes en las políticas educativas perturban los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, un ambiente político estable
proporciona continuidad y la posibilidad de llevar a cabo reformas
educativas a largo plazo, nada de esto ha ocurrido en nuestro país, en
que hemos vivido una sucesión de iniciativas, reformas y contrareformas y
ahora enfrentamos la persistencia de un proyecto que ya se evidencia
fallido, pero ante el cual no hay alternativas.
Una
organización administrativa eficiente es esencial. Esto incluye la
planificación de infraestructuras, la contratación de personal, y la
gestión de presupuestos. Sin una administración efectiva, los proyectos
pedagógicos no tendrán destino. O sea, queda claro que la educación
pública es demasiado importante para dejarla entregada sólo a los
expertos técnico-pedagógicos y a los entusiastas.
La
organización política y jurídica establece y protege los derechos
fundamentales de los estudiantes, como el acceso a una educación de
calidad, la no discriminación y la participación activa en el proceso
educativo. Un marco legal sólido también permite abordar y prevenir
situaciones de abuso o negligencia en el entorno educativo. Sin
embargo, se codifica el uso del agua pero no hemos asistido a un proceso
de codificación de la normativa educacional acorde a su relevancia en
la vida política y social.
Los
proyectos técnico-pedagógicos pueden ser eficaces en el corto plazo,
pero su éxito a largo plazo depende de la capacidad de la organización
política y administrativa para mantener y mejorar las prácticas
educativas. Contra la opinión de muchos, en los nuevos tiempos lo que
ocurre dentro del aula hace ya décadas que dejo de ser lo relevante.
La
educación desempeña un papel crucial en la vida política y social y
está intrínsecamente vinculada a los procesos políticos. Su importancia
se extiende mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos, ya
que tiene un impacto profundo en la formación de ciudadanos informados,
en la promoción de la igualdad, en el desarrollo económico y en la
estabilidad social. Sin un sólido soporte político y jurídico, los
esfuerzos en el campo educativo no tienen opción, lo que afecta
negativamente la calidad de la educación y el desarrollo de los
estudiantes. Por lo tanto, es crucial reconocer y valorar la importancia
de estos aspectos. Sin embargo, la reforma en curso tiene
demasiadas grietas, propias de un proceso hecho con excesiva
precipitación e improvisación, sus problemas de implementación no son
técnico pedagógicos sino que políticos y éstos siguen sin respuesta.