Cinco
de los seis precandidatos presidenciales que protagonizarán las
primarias del 18 de julio se han manifestado a favor de la legalización
–con matices- de la marihuana. Dicha propuesta puede parecer arriesgada
para ciertos sectores, que han advertido asertivamente acerca de los
efectos adversos del consumo de aquella sustancia en menores. Sin
embargo, se trata de una discusión que abarca diversas aristas que, si
se miran con detenimiento, pueden ayudar a entender por qué es necesario
avanzar en la línea planteada por la mayoría de los aspirantes a la
presidencia.
Tal
como han informado los medios, se ha visto un aumento en la incautación
de droga a nivel nacional. Según cifras de la PDI, entre mayo de 2020 y
mayo de 2021, se confiscaron 15.690.622 dosis de marihuana procesada,
lo que representa un aumento de casi un 160% con respecto al periodo
anterior. Los homicidios por ajuste de cuenta, en tanto, sufrieron un
incremento de un 28% el año pasado en comparación con 2019. Las cifran
recién expuestas nos sitúan en un escenario a lo menos incómodo: el
narcotráfico está ganando terreno en nuestro país.
He
ahí la primera razón para avanzar hacia la legalización de la
marihuana. Si bien es cierto que no todo el poderío económico del crimen
organizado se encuentra concentrado en la transacción de cannabis, no
cabe duda de que dificultarles ese mercado les traerá consecuencias
económicas negativas. Una política pública de este talante no acabará
con el narcotráfico, pero si lo debilitará y, por lo tanto, facilitará
su combate.
En
segunda instancia, y si tomamos por cierto un aumento del consumo en
caso de llegar a la legalización, tal como ha sucedido en Uruguay,
Estados Unidos y Canadá; el Estado debe decidir a qué problema puede
enfrentarse mejor: si al aumento de la adicción o al apogeo del
narcotráfico. Parece lógico, visto desde cualquier perspectiva, que
diseñar políticas públicas para contener y enfrentar la dependencia es
mucho más factible que lidiar con grupos armados. A esto se le debe
sumar el hecho de que el predominio del crimen organizado también genera
efectos adversos para la salud de quienes habitan y circulan en los
barrios sometidos por el narcotráfico. Además de la evidente exposición a
la violencia, la aparición de problemas de salud mental en ese tipo de
entornos parece una consecuencia inevitable. Después de todo, se trata
de barrios en los cuales buena parte de la población debe, directa o
indirectamente, acatar la disposición de quienes, a través de su poderío
económico y armamentístico, se erigen autoridades del sector.
Si
bien las razones recién expuestas apuntan principalmente hacia una
legalización por cuestiones prácticas, existe también un motivo más de
fondo para avanzar en una propuesta como esta: la autonomía individual.
Si los adultos nos reconocemos como sujetos con igual capacidad de
discernimiento, no pareciera existir razón alguna para prohibir a
alguien cultivar o consumir marihuana en su entorno privado. Después de
todo, no tiene por qué ser el Estado quien cuide a uno de sí mismo.
En
síntesis, la legalización de la marihuana, y quizás en un futuro
incluso la de otras drogas, tiene más consecuencias positivas que
negativas para la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Se trata de una
discusión que debe tomar en cuenta diversos factores y que se debe
atender acogiendo la totalidad del contexto en el cual el país se
encuentra inmerso.