Esta
semana, el ministro Marco Antonio Ávila sorprendió a todos al entregar
una cifra que nos había sido esquiva: hoy en Chile 227 mil niños, niñas y
jóvenes están fuera del sistema escolar.
Antes
de la pandemia, el número superaba los 186 excluidos; en 2021, supimos
que la pandemia había impedido a otros 40 mil volver a clases. Y ahora
sabemos que en 2022, 50 mil no regresaron.
Hay
un quinto más de adolescentes pateando piedras en las esquinas de las
poblaciones más vulnerables, cuidando a sus hermanos o abuelos,
trabajando de manera informal y precaria, o atrapados por las nefastas
redes del narco o de la delincuencia común que en 2019.
Fundación
Súmate trabaja por disminuir ese número, pero no es fácil. Está la
dificultad de reencantar a estudiantes en su mayoría en situación de
pobreza que han sido apartados por un sistema educativo rígido que no
tolera las diferencias y los problemas de todo tipo que esta población
enfrenta.
El
Estado cuenta con dos dispositivos que se hacen cargo de estos niños y
niñas: la EPJA (Educación para Jóvenes y adultos), dirigida a jóvenes y
adultos que desean iniciar o completar estudios. Su diseño técnico se
orienta a los mayores de 18 años y excepcionalmente de los de 15 en
adelante. Es decir, su foco son adultos y está mucho más dedicada a la
inserción laboral que a la continuación de estudios, pese a que el 60
por ciento de quienes la usan tienen entre 12 y 21 años. Y los fondos de
reinserción y las aulas de reingreso, que a diferencia de la EPJA,
focalizan la atención en la población de entre 10 y 21 años. Acá el
financiamiento se otorga a instituciones de la sociedad civil y/o
establecimientos educativos que hacen un trabajo integral de reparación y
recuperación de las trayectorias educativas de los excluidos.
Nosotros
somos parte de esta segunda modalidad y, año a año, padecemos el
calvario de conseguir financiamiento, ya que éste se ve sometido a las
necesidades y criterios políticos del momento, sin pensar que un trabajo
reparatorio tan delicado e importante requiere estabilidad económica
para funcionar.
Aunque
parece evidente que el costo por estudiante de reingreso debiera ser
más alto que el promedio de la educación regular, el Estado aporta sólo
75 mil pesos por alumno. Para saldar la diferencia, los últimos años
hemos contado con un aporte promedio adicional de 64 mil pesos mensuales
por alumno atendido de Fundación Huneeus. Ambas cifras están por debajo
de los 100 mil pesos mensuales de copago promedio que una familia
aporta a la educación de sus hijos en la educación particular
subvencionada. Y están muy por debajo de lo que el Estudio de Modelo de
Reingreso 2019 plantea: el gasto 500 mil pesos mensuales por niño, niña o
joven que busca recuperar sus estudios truncos y está rezagado y
desescolarizado.
Es
paradojal que los más vulnerables y excluidos del sistema escolar sean
los que menos recursos reciben del Estado cuando quieren volver a
estudiar. Para hacerles justicia y avanzar con urgencia y eficiencia en
políticas de revinculación y reingreso, se requiere terminar con
presupuestos mezquinos e inestables y con una política de reingreso ad
hoc y permanente.