Un
proceso constitucional inédito en nuestro país se inició con el
plebiscito del 25 de octubre de 2020, proceso que finalizó hace pocos
días con la entrega del texto de una Nueva Constitución para Chile. Ese
día histórico, votaron 7 millones y medio de chilenas y chilenos, lo
que representó un 50,95 % de un padrón electoral de casi 15 millones de
chilenas y chilenos. Fue la elección que movilizó a la mayor cantidad de
electores desde que el voto se hizo voluntario (2013). En esta votación
la opción Apruebo obtuvo un 78,27 % de los Votos. Y frente a la
pregunta “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”,
casi el 80 % de los votantes votó por una Convención Constitucional. En
un contexto sanitario complejo, estas cifras de participación
democrática son significativas tanto desde un punto de vista
cuantitativo como cualitativo: una alta participación y una alta
aprobación para contar con una nueva constitución basada en un acuerdo
social sobre temas fundamentales que determinarán nuestra vida y nuestro
futuro. La mayor alza en la participación electoral de aquel histórico
Plebiscito se dio entre los votantes jóvenes, es decir, un 57% de este
grupo de la población votó ese día histórico. En contraste, los mayores
de 50 años votaron un 20 % menos que en las elecciones del año 2017.
Este proceso participativo y democrático se vio afianzado en la elección
de representantes de la ciudadanía que redactarían esta nueva
constitución; de este modo fueron elegidos democráticamente por votación
popular 155 convencionales (69 hombres y 69 mujeres) y 17
representantes de 10 pueblos indígenas. Es importante recordar que el
conglomerado político que obtuvo la mayor cantidad de convencionales fue
Vamos por Chile (37) quienes participaron activamente del proceso de
redacción de la Nueva Constitución y votaron con los convencionales de
la de la Lista del Pueblo, de Apruebo Dignidad, de los Independientes y
de los pueblos originarios cada una de las normas de la nueva
constitución. Adicionalmente, es preciso destacar que la votación debía
contar con un alto quórum
para que cada una de las normas pudiera ser aprobada y formara parte
del borrador de la nueva constitución. Este alto porcentaje de votos se
planteó como una forma de garantizar el máximo consenso respecto de cada
una de las normas que formarían parte del texto constitucional fijando
una regla súper mayoritaria que implicaba contar con 2/3 de los votos a
favor para aprobar cada uno de los acuerdos de este órgano
constitucional, en otras palabras, dos tercios de los convencionales
debían votar a favor de cada propuesta. En consecuencia, las normas que
contiene el nuevo texto ya pasaron por un proceso de selección y
aprobación, así como otras que no alcanzaron la votación requerida para
ser aprobadas. La legitimidad democrática de este proceso es una
realidad indiscutible, como se evidencia en las diversas formas de
participación y votación que lo validan en distintos momentos y
escenarios: dos elecciones populares previas al texto constitucional y
durante el proceso constitucional la votación de cada una de las normas
propuestas, y finalmente en un tercer momento de validación democrática:
el plebiscito de salida del 4 de septiembre que permitirá al pueblo
emitir su juicio en una tercera oportunidad, esta vez respecto del texto
de nueva constitución. El plebiscito de salida no sólo será para cerrar
este proceso intenso de participación democrática y de demostración del
profundo espíritu cívico de nuestra sociedad, sino además permitirá
otorgar una mayor legitimidad democrática al trabajo realizado por los
representantes elegidos en la Convención Constitucional.
Lamentablemente, la clase política de nuestro país no valora este
histórico proceso, ejemplo de ello es la opinión de la senadora Rincón
quien sostiene que el texto de la Nueva Constitución sería: “la mirada
particular de un sector que se le impone al resto”. Desconociendo con
ello el valor de un proceso que de acuerdo a esta detallada y objetiva
descripción ha sido llevado a cabo de una manera participativa,
democrática y transparente, características reconocidas en el mundo
entero por su valor cívico, político e histórico, cualidades que no
parecieran ser relevantes en el análisis de la senadora Rincón.