Producto
del estallido social de hace poco más de un mes, diversas demandas
sociales se han tomado el debate político y público. Y si bien las
demandas son diversas y legítimas, quizá la más urgente es el aumento de
las pensiones para nuestros adultos mayores.
De
acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, Chile tiene
aproximadamente 17 millones de habitantes, de los cuales 2 millones 524
mil personas son jubilados.
De estos jubilados,
hay quienes reciben pensiones luego de años de haber cotizado mientras
se encontraban empleados y, quienes, por diversos motivos, no cotizaron y
hoy reciben una pensión básica solidaria.
Como
ya es sabido, son miles los adultos mayores que no solo tienen
problemas para llegar a fin de mes, sino que derechamente se encuentran
tratando de sobrevivir con sueldos realmente inaceptables.
En
mi calidad de trabajadora social he visto esta realidad por más de 42
años, y lo veo también ahora, cuando siendo parlamentaria se me acerca
un ex trabajador portuario con una colilla de jubilación para contarme
que su pensión es de setenta y tres mil pesos.
Para
cambiar diametralmente esta realidad como Estado debemos dar un salto
superlativo en el gasto fiscal en orden a, al menos, cuadruplicar las
pensiones. Pero no solo debemos hacer un gran esfuerzo para aumentar la
pensión básica solidaria como lo ha propuesto el gobierno y una diputada
en el marco de la discusión presupuestaria, sino también debemos
esforzarnos por subir considerablemente las pensiones que reciben todos nuestros jubilados, también quienes han trabajado toda una vida.
Quienes cotizaron y trabajaron sagradamente, por ejemplo, un profesor, mientras ejercía ganaba diez veces
más de lo que recibe hoy como pensión ¿Cómo llega a fin de mes si debe
pagar medicamentos, alimentación, arriendo y/o contribuciones? ¿Cómo lo
hace si se enferma?
Pese a que la indicación ingresada en la discusión presupuestaria
de aumentar en un 50% las pensiones entregadas por el pilar básico
solidario, es loable, creo que es absolutamente insuficiente.
Lo
que necesitamos es reformar profundamente el sistema de pensiones en
orden a poder garantizar en forma permanente un sueldo digno para
nuestros jubilados – no solo para quienes reciben la pensión básica
solidaria – y plasmar estas gestiones en forma urgente en los temas de
la agenda social que ha impulsado el gobierno contra la desigualdad.
Debemos
ser capaces de garantizarles a nuestros adultos mayores una vejez
feliz, pero sobre todo digna. Propiciar que esta etapa de la vida sea de
descanso, de júbilo y de orgullo por lo contribuido y logrado. No de
soledad, de angustias ni de preocupaciones reflejadas en una olla vacía.
Se
valora profundamente el esfuerzo que está haciendo el poder Ejecutivo y
Legislativo para alcanzar acuerdos que satisfagan en forma urgente las
demandas de la ciudadanía arrastradas por más de treinta años, pero
debemos dar más.
Y
si bien las arcas fiscales no son infinitas – por el contrario, son
tremendamente limitadas – creo que con voluntad política sabremos
encontrar la forma de responder como corresponde, con pensiones dignas, a
todos nuestros adultos mayores. Es una deuda. Es una responsabilidad.
Es justicia.