En
1918, Chile vive sus primeros brotes de la letal “Gripe española” y, en
paralelo, las universidades nacionales comienzan un complejo proceso de
cambio y reestructuración iniciado a fines del siglo XIX, concluido en
un espinoso ciclo político nacional que culminó en una nueva
constitución para 1925 y cuyo encadenamiento se sumó a un fenómeno
global que terminó consolidando la unión entre universidad y ciencia, de
forma institucional, para la sociedad civil en general.
Lo
anterior, parece ser muy similar a nuestro presente, sin embargo, para
el caso de las actuales universidades, al menos, hay dos problemas de
difícil pronta solución debido al diseño que ha experimentado la
política pública en educación superior y que se ha agudizado con la
actual pandemia.
Tras
la frustrada reforma a las universidades 1981, durante la dictadura
cívico-militar, la arquitectura del sector ha vivido diversos problemas
que parecían solucionarse con la agenda de modernización de la educación
superior iniciada en 1997, en la que destaca el Programa de
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Programa MECESUP) y
las agencias de acreditación nacional. Esa agenda reventó, por diversos
motivos, tras las masivas movilizaciones estudiantiles del año 2011 y
ha tenido al sector, desde ese momento, en diversos ensayos de
regulación, financiamiento y propósitos. Esa trayectoria de agotamiento
sectorial, la pandemia ha venido a acelerarla.
El
primer problema es el rol de las universidades. Durante los últimos 30
años, las universidades fueron parte de las agendas de un nuevo rol en
las economías como productoras de nuevas tecnologías e innovaciones en
todas las disciplinas centradas en las ciencias aplicadas. La relación
universidad-empresa, clusters, patentes y un largo etcétera, forman
parte de una serie de experiencias y financiamiento estatal que ha dado
pocos resultados por sus diseños y las condiciones estructurales de la
economía chilena.
El
segundo problema abarca los supuestos, teorías y diseños de las
políticas públicas. Por un lado, mientras la teoría económica del
agente-principal asume la existencia de un bajo nivel de confianza (por
eso la política pública se concentra en diseñar incentivos y sanciones y
la medición del desempeño), las teorías gerenciales se concentran en el
liderazgo y la innovación (que demandan confiar en la creatividad y
emprendimiento de los equipos de gestión, enfatizando la satisfacción de
los clientes y la calidad), generando un crecimiento de funciones y
programas con baja sostenibilidad que ha ido minando, con absoluta
claridad desde el movimiento estudiantil del 2011, la legitimidad social
del sector para la sociedad.
En
este contexto, la arquitectura del sector se encuentra en una situación
de alta complejidad en que las políticas públicas continúan abordando
de forma parcial o bajo esquemas que han presentado problemas a la hora
de valorar y evaluar resultados. Tal situación lleva a las
universidades, en medio de una pandemia, al mismo tiempo, a tratar de
mantener a flote su solvencia financiera, aportar de forma relevante a
la situación sanitaria con investigación e infraestructura y transformar
sus procesos formativos.
En
este sentido, la pandemia y las agendas de los últimos 30 años en
educación superior, deberían constituir un escenario para abordar, por
una parte, la forma en que se ha diseñado y financiado la investigación
científica de las últimas décadas en el país, ¿qué rol cabe realmente a
las universidades en ello? ¿es posible tener ciencia de relevancia con
financiamiento estatal a “plazo fijo”?, y, por otra parte, los supuestos
que organizan el financiamiento y funcionamiento de la educación
superior, ¿es sostenible un sistema basado principalmente en fondos por
cobro de aranceles? ¿es pertinente un crecimiento y modernización
institucional en base a una baja confianza en las instituciones? ¿se
puede innovar con la actual arquitectura del sector? ¿hemos mejorado
sustantivamente las habilidades, experiencia y conocimientos de las
últimas generaciones?
Hoy, se escucha mucho
en los gestores/as de políticas la frase: “la tecnología ha llegado
para quedarse”, qué duda cabe, y el Mineduc ha redirigido su Fondo de
Áreas Estratégicas (de casi $10.500 millones) a la formación virtual.
Pero tal vez, se debería escuchar más cuántas universidades podrán
quedarse para utilizar la tecnología y jugar un rol significativo para
una sociedad que demanda seguridades.