El
fin de semana pasado, personal de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Punta Arenas, logró desbaratar un local clandestino que
funcionaba en pleno centro de la ciudad, recinto que en marzo de 2022,
ya había sido cerrado, ello, gracias a las gestiones coordinadas entre
el municipio, la Junta de Vecinos del sector Barrio Croata, Carabineros y
Fiscalía, tarea que no fue fácil, ya que hubo que tener numerosas
pruebas para lograr el objetivo, antecedentes que fueron entregados, en
su momento, al juzgado de policía local para que se emitiera una orden
de allanamiento.
Pero
lamentablemente en este domicilio de calle Ignacio Carrera Pinto, a
metros de calle Magallanes, con el paso de tiempo volvió a funcionar,
trayendo una vez más la preocupación de los vecinos, los que día a día
tenían que lidiar con la presencia de un recinto clandestino a metros de
sus domicilios, hecho que, para muchos, resultaba peligroso.
Quizás
más de alguien se estará preguntando, por qué este tipo de locales
pueden funcionar y proliferar en distintos sectores de la ciudad; por
qué no son desbaratados inmediatamente cuando son detectados; por qué
deben pasar semanas e incluso meses para lograr el objetivo; cuáles son
las trabas y por qué Carabineros, PDI y personal de Seguridad Ciudadana
del municipio no pueden acceder a su interior y proceder en forma
inmediata con su cierre. Sin duda son muchas las preguntas que rondan en
torno a esta realidad que hoy se vive en nuestra ciudad.
A
esas preguntas respondemos que, como son recintos (casa, locales,
departamentos) privados, ni personal de Carabineros, de la Policía de
Investigaciones, ni personal de Seguridad Ciudadana pueden acceder a su
interior, a no ser que un juez dictamine una orden de allanamiento, eso
sí, previa entrega de antecedentes (fotos, videos, audios) que acrediten
que en dicho inmueble funciona un local clandestino, en donde expender
alcohol e incluso hasta se baila. Resulta curioso, pero es la realidad
ya que las policías y funcionarios municipales están atados de mano,
pudiendo actuar sólo ante un acto flagrante, tal como ocurrió en Ignacio
Carrera Pinto, oportunidad que habían personas retenida en su interior
que pedían ayuda para salir.
Pero
más que curioso e indignante resulta ser, que estos locales
clandestinos, que a pesar que no pagan impuesto, que no pagan patentes,
no pueden ser fiscalizados e incluso funcionan las 24 horas del día. Por
eso decimos que vivimos en un mundo al revés, ya que aquellos locales
que pagan patentes, impuestos, sí son sujetos de fiscalización (lo que
corresponde), teniendo un sinnúmero de requisitos para su funcionamiento
e incluso, con restricción horarias, arriesgando hasta su clausura si
no cumplen con la normativa.
Ante
esta lamentable realidad, creemos que urge una modificación a la actual
legislación, la que permita un actuar a las policías sin mayores trabas
ni procedimientos burocráticos, de lo contrario, la proliferación de
estos locales seguirán vulnerando la Ley a vista y paciencia de la
comunidad. Los antecedentes que se manejan, dicen que en algunos de
estos locales no sólo se comercializa alcohol, también droga e incluso
sexo. Un dato preocupante, es que de igual modo se ha detectado que hay
trata de personas, lo que no nos puede dejar indiferentes.