Mañana
es el día en que, salvo algún imprevisto mayor, debiésemos conocer el
texto definitivo del borrador de constitución que se plebiscitará el
próximo 17 de diciembre. De esta forma, habrán solo 45 días para que el
texto se difunda y que el electorado decida cómo votará, si “a favor” o
“en contra” de esta segunda propuesta de nueva constitución.
A
pesar de que las encuestas dan una clara ventaja a la opción “en
contra” (de acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem de la semana
pasada, un 54% tomaría dicha opción, mientras que solo un 31% votaría “a
favor”, dejando un 15% para quienes no saben o no responden), en esta
columna me permitiré hablar con la ingenuidad de un padre que sueña con
que sus hijos vivan en un mejor país, que no es muy distinta al anhelo
que, como chileno, tengo para que nuestro país pueda finalmente alcanzar
el esquivo desarrollo y volver a ser un modelo a seguir dentro de
América Latina.
Esa
ingenuidad me hace pensar que, a pesar de las encuestas (que, en
sintonía con la falta de interés ciudadano por este segundo proceso,
nunca han dado la ventaja a la opción “a favor”) la elección se
encuentra abierta y me lleva a desear, a pesar de la evidencia empírica
en contrario, una campaña limpia, que permita informar a la ciudadanía
acerca de los contenidos de esta nueva propuesta, de manera tal que este
17 de diciembre seamos capaces, como país, de cerrar la discusión
constitucional, luego de más de cuatro años de debates.
Para
que la campaña sea limpia, es imprescindible que la información que se
entregue sea correcta. Por eso me preocupa mucho cuando personas como
Jessica Bengoa, en su calidad de Consejera Constitucional y participante
activa del proceso, difunden información inexacta acerca de los
contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, en su columna de ayer,
Jessica insiste en las ideas que expuso el pasado 23 de septiembre,
señalando que la defensa de la libertad sería un “eslogan de campaña” de
“políticos de derecha y ultraderecha”, agregando que “no existe una
verdadera libertad si esta debe ser pagada”, para finalmente hacer un
llamado a “seguir luchando por un Chile más justo equitativo y libre,
donde los derechos fundamentales no estén condicionados por la capacidad
financiera de las personas”.
El deseo de tener un Chile más justo, equitativo y libre es, por supuesto,
algo que comparto (¿quién podría ser contrario a una meta como esa?).
Creo, eso sí, que la construcción de ese ideal de país no se consigue
mediante “luchas”, sino que requiere diálogo, respeto y trabajo.
Ninguno
de los derechos constitucionales está condicionado a una cierta
capacidad económica. Por el contrario, la propuesta de constitución
señala que el Estado de Chile es social y democrático de derecho y
promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales. Se trata de un
Estado al servicio de las personas y la sociedad, cuya finalidad es
promover el bien común; debiendo promover condiciones de justicia y
solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se
realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten.
Lo
indicado en el párrafo anterior no son conjeturas ni opiniones, sino
que los términos textuales del Artículo 1° del borrador de nueva
constitución.