En
tiempos próximos a elecciones de alcaldes y gobernadores regionales,
como representantes de la ciudadanía, abundan las promesas populistas de
solucionar todos los problemas que afectan a la comunidad, y
lamentablemente no contamos con “ciudadanos” informados acerca de la
función que cumplen los servidores públicos, frente a los cargos de
elección popular. Hasta la fecha no tengo conocimiento de las funciones
concretas y específicas que debe o debería desarrollar el Gobernador
Regional, más que, revisar a través de la web aquellas facultades y
atribuciones, que pasados unos minutos nos olvidamos completamente, lo
mismo respecto de la Delegación Presidencial, que decir de otras
autoridades que, son elegidas por voto ciudadano. Hace varias elecciones
atrás, los presidenciables se referían con mucho ímpetu de las reformas
legales para proteger a la infancia, con anuncios rimbombantes se hacía
campaña que los niños, niñas y adolescentes serían la principal
preocupación de los Gobiernos que han antecedido al actual, lo cierto es
que, aquello no ha ocurrido en este Gobierno tampoco, los casos de
vulneraciones de derechos fundamentales se repiten y aumentan en su
número de forma preocupante, los abogados que nos dedicamos al derecho
de familia, lo sabemos, lo saben también los equipos de las
instituciones públicas y privadas de la red de protección de la
infancia, pero seguramente no existen los recursos económicos ni
técnicos para abordar esta grave problemática que se arrastra desde hace
muchísimos años. Han cambiado significativamente las formas de
comunicación de los NNA con sus pares, con sus padres, con sus familias,
gracias a la tecnología desarrollada a nivel mundial, el uso excesivo
de las redes sociales no ha sido en muchos casos de ayuda para evitar la
vulneración de derechos en NNA. Al contrario, lo ha agravado aún más, a
través de las redes informáticas de las formas más escabrosas que se
puede imaginar. El sistema proteccional de la infancia no ha resuelto
los problemas estructurales, la gran mayoría de los programas de
reparación de maltrato, de diagnóstico clínico especializado del
Servicio de Mejor Niñez no han generado un impacto significativo, y
pareciera que aquello no le interesa a nadie, más que a los políticos
que hacen campañas para “tiempos de elecciones”, la situación es grave y
preocupante, tanto es así que, UNICEF ha señalado reiteradamente que:
El país necesita un Sistema de Garantías que enfrente la protección de
los derechos de los niños de manera integral, considerando políticas,
instituciones y normas que se requieren para respetar, promover,
proteger y realizar los derechos de la niñez y adolescencia. Además, se
necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones
socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol
protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, es necesario
establecer un nuevo servicio de protección especializado, diseñado en
base a la Convención sobre los Derechos del Niño y con altos estándares
de calidad, que pueda proveer de protección especializada a los niños
que han sido gravemente vulnerados en sus derechos (situaciones que son
constitutivas de delito). Asimismo, es recomendable establecer
mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de
protección especializada y la de protección social dirigida a las
familias, de manera de asegurar a todos los niños/as que están con
cualquier medida de protección especializada – cuidado alternativo
familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en
programas de protección especializados – el acceso a todas las
prestaciones de protección social. Adicionalmente, se requiere
reformular el cuidado alternativo residencial para reducir la masividad
de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen
trato en estas. Para ello es necesario fortalecer el trabajo con las
familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las
vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su
derecho a vivir en familia. Para disminuir los índices de violencia,
UNICEF apoya en la articulación de diversos actores institucionales para
avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de
Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 – 2025. En esta línea, se
requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente
estos índices que los niños y niñas y adolescentes enfrentan en
distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre
pares). En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se
requiere establecer un nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil especializado, que coordine y entregue una oferta programática
orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas
que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos.
Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación
de libertad de los adolescentes, en cuanto a infraestructura y
condiciones de habitabilidad y también respecto de la supervisión en la
aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos.
También, es importante desarrollar un proceso de especialización de las
distintas instituciones que tienen un rol en el área de la justicia
penal. Si bien no se puede desconocer totalmente los esfuerzos realizado
por las instituciones enfocadas a la prevención y reparación de los
derechos vulnerados en los NNA., no es menos cierto que, todas las
acciones realizadas han sido insuficientes, ahora, importante es que la
retórica se traduzca en hechos concretos, por el futuro del país.