Como hemos señalado en
las columnas anteriores, las Constituciones tienen una parte orgánica
que se conoce como la ‘sala de máquinas’, que organiza y distribuye el
poder, estableciendo las bases de los principales órganos del Estado.
La
sala de máquinas de la Constitución actual organiza el poder de forma
centralizada y concentrada. Por un lado, concentra el poder en la figura
del Presidente o Presidenta de la República, quien tiene excesivas
facultades por ejemplo en materia de tramitación de la ley (puede
incluso vetar leyes aprobadas por el Congreso), manejo de la agenda
legislativa y en la designación de cargos públicos. Se trata de un
Hiperpresidencialismo. Por otro lado, centraliza el poder en desmedro de
los gobiernos regionales, comunales y locales. Organiza el poder en un
Estado unitario y centralizado en que las decisiones políticas y
fiscales se toman en el centro del país, restando autonomía a las
regiones. En resumen, la Constitución en vez de distribuir el poder de
forma equilibrada, lo concentra en ciertas figuras que están en el
centro del país (un hiperpresidencialismo centralizado).
Las
reformas constitucionales de las últimas décadas han atenuado estas
características, pero siempre de a poquito. Se avanzó en otorgarle
mayores atribuciones al Congreso que, por ejemplo, hoy lo habilita a
interpelar a los Ministros. También de a poquito se logró recuperar el
derecho de la ciudadanía de elegir a los Consejeros Regionales, y ahora
último de poder elegir al Gobernador o Gobernadora regional. Pero
siempre de a poquito y de forma separada.
La
nueva Constitución es una oportunidad para mirar nuestra ‘sala de
máquinas’ (o la parte orgánica de la Constitución) ya no ‘de a poquito’,
sino que de manera integral. El desafío no es menor, porque se requiere
generar un mejor equilibrio entre el Congreso y el Presidente o
Presidenta, transitando por ejemplo a un sistema semipresidencial.
Además, urge descentralizar las decisiones políticas y fiscales,
sobretodo en temas como el desarrollo productivo y materias
medioambientales. Todo ello cuidando la equidad territorial, que exige
un piso de igualdad independiente de la región o ciudad en la que se
haya nacido.
Pero
eso no es suficiente, porque esta vez no basta con distribuir el poder
solo en autoridades que sean elegidas a través de la votación popular.
Requerimos incluir mecanismos de participación vinculante de la
ciudadanía en las decisiones nacionales, regionales y comunales. Y
además, asegurar en esos espacios que el poder se distribuya
equitativamente entre hombres, mujeres y minorías. Una nueva
Constitución que deje atrás la concentración y centralización del poder,
avanzando a una distribución más equitativa entre ciudadanía y
representantes, Presidente o Presidenta y Congreso, mujeres y hombres,
centro y periferia.
Participa, infórmate, y vota este 11 de abril.