Reestablecer educación cívica: educar para gobernar

“Gobernar
es educar”, fue el famoso lema con el que gobernara entre 1938 y 1941
el expresidente Pedro Aguirre Cerda, quien consideraba que la educación
es el primer deber y el más alto derecho del Estado. Como profesor de
Castellano y Filosofía, tuvo un fuerte interés en impulsar la
obligatoriedad en el primer tramo de educación, con la construcción de
500 escuelas públicas para fortalecer la red primaria, aumentando en
cerca de 54.000 nuevas matrículas aquella formación inicial, todo ello,
motivad
o
en un lamentable legado de analfabetismo para la época, apoyado en su
afán de que más sectores, y no solo los de mejor posición económica,
puedan ser parte de actividades donde se requería una importante
formación patriótica y cultural. Este aumento en la matrícula escolar no
fue casualidad, sino se relaciona al aumento de la esperanza de vida y
el crecimiento demográfico desarrollado durante la década del 40, y
específicamente, durante los gobiernos radicales (1938-1952), cuyo mayor
legado fue sin duda educacional, siendo la instrucción pública,
primaria y secundaria, la que experimentó junto a su crecimiento,
importantes mejoras. La historia, el paso del tiempo, y las buenas
obras, merecen reconocimiento sin importar las naturales diferencias
político-ideológicas… ¡Bien por los radicales gobernantes! Sin embargo,
no pretendo que esta columna tenga por finalidad hablar de ellos, sino
reconocer en nuestros antecesores políticos cómo desde la debilidad,
buscaron fortalezas, y de esta forma, lograron disminuir las cifras de
analfabetismo a través de la educación pública.

Hoy,
a casi un siglo de aquel gobierno, sin ser analfabetos, en algunas
materias seguimos siendo igual de ignorantes, y no hablo de esto a modo
de burla, sino con profunda preocupación. A menudo escuchamos discursos
que carecen de fundamento por contener en ellos un mix de ideas que son
producto de la ignorancia cívica: más seguridad, pero menos recursos
para las fuerzas de orden público; mejor recaudación de ingresos, pero
menores contribuciones; o incluso mayor empleabilidad, pero menos
privados participantes, quienes más se han hecho cargo del empleo, en un
Estado que es extremadamente deficiente en cubrir esta necesidad. Es
por esta misma falta de educación cívica integral (que desde 1984 se
subdividió en formación cívica y economía, y que para 1998 desaparece
como asignatura independiente, transformándose en “formación ciudadana”
contenida dentro de las escasas horas lectivas de historia) que, a modo
de ejemplo, tenemos un país con sobre deuda, donde la alimentación debe
adquirirse mediante tarjetas de crédito y cuotas, por falta de formación
financiera adecuada. Es, por falta de conocimiento político y
ciudadano, que más personas prefieren entregar su derecho ciudadano de
voto “a la persona, y no al partido”, porque no entienden el programa
político que los acompaña o simplemente no les interesa porque “no
importa quien gobierne, hay que trabajar igual”. Considero que esto se
debe a que los gobernantes parecen preferir a los ciudadanos ignorantes,
porque de mantenerlos informados, probablemente no serían sus votantes.
De ahí que el pan y circo ha sido más llamativo siempre que la
formación y el conocimiento. Por esto entregar el pescado en casa ha
resultado mucho más útil que hacer cursos de pesca, ¿no?

Entonces,
si “gobernar es educar” permitió hace 90 años aumentar la matricula en
la educación primaria, mejorando el analfabetismo que nos
mal-caracterizaba, ¿Por qué no impulsar programas de educación cí
vica
donde “educar es gobernar? De ese modo, quizás más personas sabrían la
importancia que tiene una línea diagonal en un papel, eligiendo mejor a
sus gobernantes, quienes los han educado para llegar hasta el poder, y
no los han mal informado, para nublar su objetiva consciencia electoral.
Tal vez, con más educación cívica obligatoria, como lo hizo P.A.C con
la educación primaria, tendríamos incluso mejores representantes, que
sin cegarse en sus ideologías aprendidas, entiendan del servicio público
una posibilidad de acuerdos en aras del bien común, y no en divisiones
absurdas que entorpecen el desarrollo ciudadano.

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