No
cabe duda de que en las últimas semanas se ha intensificado el debate
público en torno al tema de la Reforma de Pensiones, una de las demandas
más sentidas por la ciudadanía, la principal promesa de campaña del
Presidente Piñera y sobre la cual existen diversas fórmulas y
propuestas. Todos coincidimos en que se trata de un asunto prioritario,
no así en los mecanismos.
En
su última arremetida, el Gobierno anunció la ampliación de la cobertura
del Pilar Solidario del actual 60% a un 80%. Sobre ese planteamiento,
quienes integramos la comisión del Trabajo del Senado, le solicitamos al
ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que nos entregara en la próxima
cita de la instancia legislativa una modelación que considere extender
el tramo a un 90% y 100%, para saber efectivamente de cuántos recursos
estamos hablando y, sobre eso, seguir avanzando.
Por
otra parte, la nueva presidenta de las AFP, Alejandra Cox, ha planteado
la idea de avanzar hacia una Pensión Básica Universal. La personera ha
dicho que la idea no es original, pero que pese a ello nadie la ha
impulsado con la fuerza que se requiere y agregó que la ampliación del
Pilar Solidario propuesta por el Gobierno va en la dirección correcta,
pero que es insuficiente. Si bien es una propuesta que cobra cada vez
más fuerza, las AFP siguen al debe en cuanto a abrirse a cambios
profundos que se hagan cargo de los abusos que las han deslegitimado
socialmente y que hoy las tiene en las cuerdas.
En
el medio de esto sigue latente la propuesta de avanzar hacia un tercer
retiro de los fondos previsionales, una idea que cuenta con gran
adhesión ciudadana y que comenzará a ser vista por la Cámara de
Diputados, pero donde ya sabemos que si no es patrocinada por la firma
del Presidente de la República chocará de frente con el veto en el
Tribunal Constitucional, frustrando las ilusiones que albergan millones
de compatriotas.
Por
su parte, el presidenciable mejor evaluado del oficialismo, Joaquín
Lavín, propone una fórmula alternativa que supuestamente “frenaría” el
tercer retiro y que, básicamente, consiste en que los diez millones y
medio de trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía puedan retirar
montos de entre $ 400 mil y un millón de pesos, dependiendo de los
montos en sus cuentas individuales. La iniciativa no ha sido del todo
desechada por el Ejecutivo, pero aún no logra entusiasmar a todo su
sector.
En
medio de todo esto, una propuesta que hice en la pasada campaña
presidencial ha cobrado nueva fuerza a cuatro años de haber sido
formulada. Se trata de la denominada “Ley de la Marraqueta”, en alusión a
la frase coloquial con la que se atribuye al recién nacido una suerte
de gratificación para su familia.
En
términos simples, la propuesta consiste en que a cada niño o niña que
nazca en nuestro país se le deposite en una cuenta de ahorro un millón
de pesos que, al final de su vida laboral, le garantizará un piso para
contar con una pensión digna. Las modelaciones que en su momento
hicieron los equipos económicos de nuestra campaña, estimaban que con
una rentabilidad promedio anual de un 4,5% ese piso sería de alrededor
de unos $200.000. Obviamente esos fondos solo podrían ser utilizados a
partir del momento de la jubilación y serían administrados por un ente
autónomo robusto, de carácter técnico y no cuoteado políticamente.
Más
allá de las propuestas que han sido planteadas, si todos coincidimos en
que la prioridad es aumentar ahora las pensiones de las y los actuales
pensionados, por qué no partimos por aprobar el aumento de la cobertura
del Pilar Solidario y posteriormente avanzamos en crear los componentes
para un nuevo sistema de pensiones en Chile. Las personas mayores no
tienen porque seguir esperando por algo que es justo, necesario y
perfectamente abordable.