Hace
unos días, el Presidente, Gabriel Boric anunció la reforma al sistema
de pensiones que propone su gobierno y que, al paso de unas horas, ya
está generando polémica. El Mandatario sin tapujo alguno, en el discurso
que fue transmitido por cadena nacional, manifestó que “las AFP, en
esta reforma, se terminan”.
La
iniciativa, en términos generales, apunta a un sistema mixto, con un
fuerte rol del Estado y le resta protagonismo a las AFP. No hay que
olvidar que el actual modelo de las AFP, administran casi US$ 180.000
millones, lo que equivale a más de la mitad del PIB de Chile.
La
propuesta contempla la creación de un Inversor de Pensiones Público y
Autónomo (IPPA) y permitirá la creación de Inversores de Pensiones
Privados (IPP). La nueva entidad pública, el IPPA, gestionará de forma
exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que
haga el empleador.
¿Dónde
surge la polémica? Precisamente, en el destino de ese 6% adicional.
¿Por qué? Lo que se propone es que, de esos 6 puntos extras, 4,2 vayan a
una cuenta personal y el resto, a financiar la solidaridad
intergeneracional. En palabras simples, ese 6% adicional con cargo al
empleador será enviado a un Fondo Integrado de Pensiones con Registro
Individual, en el cual las cotizaciones se registrarán con un mecanismo
de solidaridad entre cotizantes de la generación.
Desde
Chile Vamos cuestionan esa medida y ya advirtieron que si no es
modificada podría transformarse nuevamente en una piedra de tope.
Por
ejemplo, desde ese sector de Chile Vamos, el diputado, Guillermo
Ramírez, señala que consideramos que es completamente injusto y
contrario a lo que quieren los chilenos que la cotización individual que
va a pagar cada trabajador no vaya a sus cuentas personales, sino que
vaya a un fondo de reparto”.
Llama
la atención que el Gobierno, una vez más, cae en un error. No se hace
solidaridad con la clase media, con los ahorros de su trabajo. ¿Cuál es
la idea de perjudicar otra vez y en forma persistente al mismo sector, a
los mismos de siempre?
Acaso,
quienes administran el país, este grupo de jóvenes inexpertos, no
entiende o no se da cuenta que la solidaridad se tiene que hacer con la
PGU, con los fondos generales de la nación, porque ahí los que tienen
más, pagan más.
El
riesgo que se corre es que ese 6% adicional que deberá pagar el
empleador, se podría convertir en un impuesto al trabajo, lo que haría
que los trabajadores terminen entregando el aporte a través de sus
propios sueldos.