La posibilidad de
conocer todo tipo de información personal; nombre, cédula de identidad y
domicilio entre otros datos relevantes, se encuentra a pocos clics de
distancia y ni siquiera la consagración en rango constitucional de la
protección de datos personales llevada a cabo en 2018 ha sido capaz de
cambiar esta situación.
Existen
diversos sitios en línea donde es posible encontrar información
detallada respecto de cualquier persona, de forma gratuita y sin filtro
alguno. Buena parte de esta información habría sido inicialmente
extraída de bases de datos públicas, o que fueron públicas en un
determinado momento, como ocurrió con información publicada por Servel
en 2013.
La falta de una autoridad con facultades regulatorias y sancionatorias obliga a tomar por
el interesado en estos casos, la vía del recurso de protección,
repitiéndose en los fallos de dichos recursos, ya sea la falta de
legitimación de diversas asociaciones para actuar como recurrente, o
bien la falta de infracción de las obligaciones de protección del
recurrido por haber sido dicha información en algún momento, aunque sea
brevemente, pública.
Resulta
entonces, muy preocupante la disponibilidad de información de carácter
personal que se encuentra en línea, no solo en cuanto a la afrenta que
sufre el Artículo 4 de la Carta Política, sino en sus efectos concretos
considerando el aumento de la delincuencia cibernética y económica que
diversos organismos han alertado; usurpación de nombre, los llamados
“phishing y pharming” los cuales resultan mucho más fáciles de ejecutar
al tener datos personales disponibles que permiten burlar las nociones
de seguridad que tiene una determinada persona, o inclusive elegir con
precisión a sus víctimas para una eventual fraude, o realizar uno en su nombre ante instituciones públicas y privadas.
Igualmente
preocupante resulta la circulación legal de información entre entidades
que se dedican al comercio de la denominada “Big Data”, con cuya
extracción colaboramos voluntaria e involuntariamente en todas nuestras
actividades, espectro que va desde lo que vemos en nuestro celular,
hasta los tratamientos médicos a los que nos hemos sometido.
Urge
un marco legal que proteja verdaderamente el tratamiento de datos
personales, con una autoridad autónoma y con alcances concretos en el
ámbito público y privado, lamentablemente el boletín 11144-07 en donde
se tramita el proyecto de ley pretende consagrar relevantes cambios
normativos respecto al manejo y uso de datos personales, incluyendo la
creación de
una autoridad de protección de datos personales, la que perdió en 2021
la suma urgencia con la que se tramitaba, por lo que faltará aún más
para que vea la luz.