“Chile
cambió”. Es verdad, de ser un país sin acceso a la educación por falta
de cobertura, logró cubrir la demanda desde la colaboración público
privada en el sistema. Muchos proyectos familiares ayudados por el
estado cumplieron un rol esencial y permitieron que las familias
tuviesen acceso a una mejor educación pudiendo elegir lo que buscaban
para sus hijos. Los proyectos educacionales se constituyen desde la
comunidad que de éstos se benefician. Por lo mismo, era de toda lógica
que las familias pudiesen colaborar con “copago” para mejorar el
proyecto como un todo, buscando mejor educación para sus hijos.
Hay
un sector que definitivamente, y contrario a toda lógica y evidencia,
quiere eliminar, cueste lo que cueste a los privados del sistema. Los
colegios particulares pagados, no son su gran objetivo, ya que
representan un pequeño porcentaje de la oferta educativa país. Además
los “ideólogos iluminados” es ahí donde tienen a sus hijos. Su norte
para “avanzar” son los colegios subvencionados, que si dan cobertura a
un gran porcentaje de los chilenos, teniendo la mayor demanda de
matrículas a nivel nacional. Quieren eliminar lo que la gente quiere,
para darles lo que ellos estiman. Algo igualitario, no necesariamente
mejor. Emparejar la cancha hacia abajo. Para atacarles no solo
prohibieron el lucro, demonizándolo. Eliminaron el copago; y obligaron a
los dueños de establecimientos a ajustarse o venderle al Estado. No
precisamente a “precio de mercado”. Ya sabemos que el “precio justo” es
siempre solo para ellos. Con esto, a los dueños de proyectos familiares
de años, que eufemísticamente llaman “sostenedores” los redujeron a
administradores de fondos públicos y por ley, quitándoles la libertad
sobre lo propio, los obligaron a decidir. Vender a la mitad, ser
parcialmente expropiados y estafados; o cerrar y vender a precio de
mercado al mejor postor. Muchos cerraron para no perder el esfuerzo de
toda una vida, con lo que se retrocedió en cobertura y hoy faltan
matriculas. Sacaron la selección, eliminando el mérito y con la idea de
la inclusión pasaron leyes que hoy ya muestran serias consecuencias y
contradicciones. Dijeron que su foco era la “convivencia escolar”, la
preocupación por “la salud mental” con lo que obligaron a protocolos a
veces contra toda lógica que han generado colaterales no deseados, pero
esperables. La inclusión obligó a aceptar en aula a los llamados “niños
con necesidades especiales”, con rangos diversos, donde se busca
normalizar lo extraordinario. Las prebendas otorgadas por ley a los
niños diagnosticados con “condiciones neurodivergentes”, ha hecho que
algunos aprovechen esto para lograr liberar a niños, con solo mala
conducta, de sus responsabilidades y del rigor académico. Familias que
“no han podido” con sus hijos, se los “endosan” al colegio que debe
aceptarlos obligado, no los puede expulsar y debe contratar un “tutor
sombra”, figura que no existe, que implica un profesor para cada niño
pagado desde el colegio, sin recursos adicionales. Es común que en una
sala hoy, haya incluso sobre diez niños con condiciones extraordinarias,
lo que es financieramente, emocionalmente y pedagógicamente inviable.
Muchos de esos niños molestan y agreden los compañeros y profesores,
pero la ley los blinda, con lo que las reales victimas deben silenciar,
aguantar, con lo que la inclusión termina siendo aversión. Todo esto sin
mencionar la imposibilidad de enseñar y aprender evidente por la
complejidad del “aula inclusiva”. Muchos profesores agobiados
simplemente “tiran licencia”, ya que es humanamente imposible. Esto debe
ser costeado por todos los chilenos, e incluso hay profesores, que usan
el sistema en su beneficio y presentan licencia por un año o más, que,
si están sindicalizados, reciben los beneficios sin haber trabajado y el
colegio no los puede despedir. La ley también los blinda. La inclusión
de los inmigrantes es otro tema, ya que lo que puede ser un bien,
incorporarlos a la educación, sin dejar a los niños fuera, hoy frente a
la falta de oferta y excesiva y creciente demanda, que deja sin
matricula a chilenos, solo logra xenofobia, siempre indeseable. A esto
le agregamos las visiones ideológicas que imponen a los colegios en
materia de género y etnia, las que obligan a protocolos y contrataciones
extra de personal, no necesariamente calificado, pero ampliamente
vinculado a ONGs y otras instituciones primeramente políticas. Es la
politización de las instituciones, con la penetración de agentes
ideológicos que buscan corromper desde adentro. Te quitan el control. Ya
no puedes decidir de lo tuyo. Debes renunciar tu proyecto educativo.
La
“Ley Karin”, sobre acosos laboral, que entra en vigencia el 1 de
Agosto, que busca remediar un mal, generará otros múltiples males. Será
usada políticamente para acusar de “acoso”, lo que no necesariamente es,
ya que se sustenta sobre sentimientos y no necesariamente sobre
realidades. La idea de “ataques institucionales” aparte de impedir la
corrección de conductas de modo enérgico, tantas veces necesarias,
vaciará de humanidad las relaciones, ya que no podrás ni bromear, ya que
todo puede “ofender” a la potencial “victima”. En vez de mejorar el
clima laboral, tenderá a anularlo. Nadie querrá estar solo con otro por
temor a ser acusado injustamente. No más amistad laboral, ya que es
altamente peligroso. Sin duda esto será usado por los sindicatos para
torcer la voluntad de los empleadores. Para los colegios, será otra
pesadilla, ayudará a seguir “reventándolos”.