El
miércoles pasado fue un día histórico en el camino hacia la
descentralización en Chile, ya que el Congreso despachó la nueva ley de
Royalty Minero. Dicha medida modifica el impuesto específico a las
grandes mineras y distribuye US$450 millones a las regiones y comunas
del país. Innegablemente esta ley provee de mayor justicia territorial,
beneficiando a los Gobiernos Regionales y aumentando en cerca de un 20%
sus ingresos en total. Específicamente, para el caso de la Región de
Magallanes los recursos beneficiarán a la mayoría de las comunas de la
zona, aportando más de $10.700 millones.
Respecto
de lo anterior, también es fundamental señalar que estos ingresos serán
transferidos directamente desde el Gobierno a los Gobiernos Regionales,
siendo administrados por estos últimos de manera propia. Aquello, da
cuenta de una descentralización fiscal que avanza decididamente, con
facultades para administrar los fondos con autonomía, sin tener que
depender de la Dirección de Presupuestos que rige al Gobierno, es decir,
reduciendo la burocracia en la entrega de recursos y dejando en el
pasado a la centralización de recursos.
En
tal sentido, los dineros serán distribuidos bajos tres fondos. En
primer lugar, a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo
destinados al financiamiento de inversión productiva. En segundo lugar,
Fondo de Comunas Mineras que está visualizado para las comunas mineras
que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad. En tercer
lugar, vía Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que van en
dirección a las comunas más vulnerables del país que tienen poca
capacidad de generar recursos propios (beneficiando a 300 comunas del
país y a cerca de 11 millones de personas).
Si
bien esta política impulsada por el Gobierno tiene en consideración que
la autonomía en la toma de decisiones es fundamental al momento de ser
un país descentralizado, también hay plena conciencia de que aquello
debe ir de la mano con transparencia y una clara rendición de cuentas
sobre el manejo de los recursos. Por lo mismo se fortalece la
participación ciudadana al momento de resguardar la probidad, se creará
una regla fiscal regional que será regulada por el Ministerio de
Hacienda y se exigirá a los Gobiernos Regionales confeccionar una
programación financiera de mediano plazo.
Este
avance, sumado al proyecto Regiones más Fuertes, dan cuenta del
verdadero compromiso del Gobierno por descentralizar el país, un
discurso que no se queda sólo en palabras. Cuando el Presidente se
comprometió a darle más poder a las regiones, es justamente a este tipo
de medidas a las que nos referimos. Y, a pesar del rechazo de sectores
extremos o del mismo Diputado Matheson, se implementa la ley que más
avanza en descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia.