No
podemos negar que la situación de inseguridad en el país ha ido
creciendo de manera exponencial. Son muchos los casos y las situaciones
que se van conociendo diariamente donde los ciudadanos son objetos de
robos, encerronas, que se han sumado al aumento en los casos de los
ajustes de cuentas y que ayuda a elevar el clima de inseguridad que vive
el país. Como dato relevante, en 2022 se produjeron 908 homicidios,
superando los 661 ocurridos en 2021, cifra que representa un aumento del
32%. Además, más de la mitad se ejecutaron con armas de fuegos. Agrego
estos datos, pues la realidad país se expresa en las cifras entregadas
recientemente por la Fundación Paz Ciudadana, donde el 30% de las
personas encuestadas tiene un alto temor de sufrir un delito y un 73% de
las personas evita salir a ciertas horas. Son cifras que alcanzaron un
máximo histórico y demuestran el total fracaso de las autoridades de
gobierno por otorgar seguridad a las personas, que solo buscan vivir en
tranquilidad. Lo paradójico es que hace dos años esas mismas autoridades
tenían la solución inmediata a este problema, pero al final del día
están perdiendo la batalla. Una idea que se puede desarrollar para
otorgar seguridad a la población es crear una unidad especializada en
crimen organizado, que tenga su foco en la proliferación de bandas
criminales, que vieron en Chile el oasis de la impunidad. El país
requiere medidas de esta naturaleza para transmitir tranquilidad y que
sea la demostración concreta que para el gobierno este tema sí les preocupa.
Una
segunda idea para equilibrar al país es superar la crisis que se vive
en la educación, ya que muchos jóvenes están abandonando el colegio y se
transforman en elementos fáciles de reclutar por el crimen organizado.
Solo en el 2022, 50 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo,
227 mil abandonaron la educación y cerca de 1,3 millones presentaron
inasistencia grave. Súmele que la Fiscalía informó que 54 niños, niñas y
adolescentes fueron asesinados en 2022 y el 91% de esos jóvenes fueron
varones, la cifra más alta en los últimos siete años. Pero eso no es
todo. Agreguemos que el 57% de los jóvenes fue asesinado en un contexto
delictual de alta connotación, reproduciendo conductas necesarias de
modificar. Si usted que lee esta columna no se conmueve con los datos,
déjeme decirle que está normalizando algo que no debe ser naturalizado.
El estado está fallando, la sociedad está fallando y los líderes
políticos son responsables del escenario en que está el país. Por lo
mismo, mejorar la educación resulta un imperativo ético y moral para
disminuir estos datos, pero parece ser que a pocos les importa. Menos a mí.