Un
grupo de senadores oficialistas, liderados por el independiente Juan
Castro, presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, sancionaría a
quienes se mofen de los símbolos patrios, entre los cuales se encuentra
la bandera, el escudo y el himno nacional. Dicha moción, sin embargo,
incurre en una serie de errores. Dilucidemos por qué.
En
primer lugar, en una democracia, no corresponde adjudicar a nadie ni a
nada un manto de inmunidad frente a la crítica. Dicho esto, una de las
tantas formas de hacer juicios frente a una persona u objeto es la
burla, la que comúnmente se puede encontrar a través de la sátira o de
figuras literarias tales como la metáfora o la analogía. Aquellas
expresiones son, muchas veces, una manifestación de la inteligencia, y
constituyen una posibilidad para hacer un escrutinio del contexto que
nos rodea.
En
segundo término, y en concordancia con lo anterior, prohibir la mofa
hacia los símbolos patrios significaría otorgarles un carácter sagrado.
La dificultad que aquello conlleva es que puede interpretarse como un
primer paso hacia una serie de iniciativas que busquen sacralizar
emblemas de distinta índole. Así, el día de mañana, por dar un ejemplo,
se podría impedir cualquier crítica a los símbolos que cualquier grupo
considere divinos. Nada impediría, además, de avanzar en una legislación
así, que ciertos colectivos intenten otorgar la categoría de sagrado a
sus autoridades religiosas o espirituales, escudándolos frente a
cualquier reparo.
Por
otro lado, parece banal intentar impedir la burla hacia una serie de
emblemas cuando, en general, existe un amplio consenso en el hecho de
que las autoridades pueden estar sometidas a ellas. Los dirigentes son
seres humanos, y como tal, es obvio que merecen una protección mayor
frente a cualquier tipo de afrenta. Si la sociedad, a través del humor o
la sátira, ha permitido que se dirijan burlas, a veces muy crueles,
hacia ellos, es ridículo proponer que una serie de objetos deban contar
con una custodia más amplia. Avanzar en esa línea sería reconocer que
existen cuestiones materiales que tienen un valor que supera al del ser
humano. A todas luces una irracionalidad.
Finalmente,
es fundamental subrayar que una iniciativa como esta constituye un
violento ataque contra la libertad de expresión. Limitarla, tal como lo
señaló John Stuart Mill, significaría restringir nuestro propio
entendimiento, pues las opiniones equivocadas –según palabras del
filósofo- contribuyen a una mejor comprensión de los fenómenos a los que
estamos expuestos. La crítica a los símbolos patrios, cualquiera sea el
modo en que se expongan, nos ayudarían, según esta interpretación,
incluso a comprenderlos mejor.
En
síntesis, el proyecto presentado por los senadores carece de argumentos
sensatos y no considera una serie de profundos elementos que vale la
pena tener en cuenta al momento de dar una discusión como esta. Además,
restringe un conjunto de libertades que hoy cuentan con un amplio marco
para desenvolverse. Lo más probable, en todo caso, es que, debido a su
falta de fundamentos, quede olvidado en el correo de algún asesor del
congreso.