El
año 2024 ha comenzado con noticias preocupantes en materia de
seguridad. Las cifras del primer trimestre revelan un aumento alarmante
en las víctimas de homicidios, tanto consumados como frustrados. Con un
total de 1.107 víctimas, la cifra representa un incremento del 22% en
comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra casi
duplica la registrada en el primer trimestre de 2019, que fue de 617
víctimas, en un contexto que se consideraba relativamente estable antes
del estallido social y la pandemia.
Este
desolador panorama no es una mera estadística; es un reflejo de una
crisis de seguridad que ha sido mal gestionada por el actual gobierno. A
pesar de las afirmaciones del Ministerio del Interior de que los
homicidios consumados han disminuido en un 6% en relación con 2022, la
realidad en el terreno cuenta una historia diferente. Los ciudadanos
están experimentando una violencia cada vez más brutal y frecuente, lo
que subraya la desconexión entre las políticas gubernamentales y la
realidad cotidiana de las personas.
La
falta de acción efectiva se hace evidente en la ausencia de avances en
proyectos cruciales para la modernización del sistema de inteligencia
estatal y la mejora de la seguridad pública. Las iniciativas como la
tipificación del ingreso clandestino como delito y la reforma
constitucional para permitir una mayor intervención de las
Fuerzas
Armadas en zonas críticas han sido ignoradas. La tramitación de
proyectos importantes, como la Defensoría de las Víctimas de Delitos y
el Ministerio de Seguridad, sigue estancada, lo que contribuye a una
sensación de impotencia y desesperanza en la ciudadanía.
El
año 2023 ya había mostrado una profunda crisis de seguridad, con un
aumento del 5,5% en los delitos de mayor connotación social en
comparación con 2022, y un incremento del 45,3% respecto a 2021.
Además, la percepción de inseguridad alcanzó un récord
preocupante del 90,6%, según la última Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana (ENUSC). Estos datos reflejan un panorama desolador donde
delitos como secuestros extorsivos, descuartizamientos, narcotráfico y
crimen organizado transnacional se han vuelto demasiado comunes.
La
respuesta del gobierno hasta ahora ha sido insuficiente y, en muchos
casos, desconectada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. La
gestión actual parece centrada en una agenda ideológica que ignora las
realidades del terreno. La ministra vocera ha descalificado el Consejo
de Seguridad Nacional (COSENA), una instancia básica de coordinación del
Estado frente a la crisis, y el subsecretario de Prevención del Delito
se ha ocupado de asuntos menores mientras los problemas de seguridad se
agravan.
Chile
necesita una respuesta firme y efectiva a esta crisis. El gobierno debe
dejar de lado su enfoque ideológico y tomar medidas concretas para
restaurar el orden y la seguridad en nuestras comunidades. La falta de
acciones decisivas y la continua postergación de reformas cruciales han
permitido que la violencia crezca y se arraigue. El Presidente Boric
debe asumir un liderazgo proactivo y centrado en las necesidades reales
de los ciudadanos. La seguridad no puede seguir siendo una cuestión de
discurso; debe ser una prioridad de acción efectiva y comprometida.
Estamos
en los primeros meses de 2024, y aún es posible cambiar el rumbo. Sin
embargo, para hacerlo, el gobierno debe actuar con urgencia y
responsabilidad, priorizando la seguridad de los chilenos sobre las
consideraciones ideológicas. La población exige soluciones reales y
efectivas, y es responsabilidad del gobierno cumplir con esa demanda,
restaurando la paz y la tranquilidad que todos merecen.