En
las últimas horas, nos sobrecoge la cantidad de información relativa a
violencia desatada y en un alto número con víctimas mortales. A nivel
local, al inicio de semana se aplicó una sentencia de perpetua para
quien en un contexto de violencia intrafamiliar acabó con la vida de su
pareja. Y hace algunas horas, trasciende la noticia de que un
adolescente en Zona Franca, asaltó a una ciudadana extranjera que
participaba en una competencia deportiva de carácter internacional; suma
y sigue.
Qué
decir de las balaceras en la Región Metropolitana y la violencia en
pleno centro de Santiago donde un control policial se encontró con la
violencia callejera sobre funcionarios de Carabineros.
La
situación lamentablemente sigue escalando en peligrosidad y
vulnerabilidad donde las estrategias para poner freno a este escenario
que se amplía en extensión y cobertura.
Si
bien lo que acabamos de comentar no es más que, una mirada rápida y
breve de lo sucedido durante los últimos días, la seguridad sigue siendo
un tema nacional complejo que exige máxima atención, particularmente de
las autoridades responsables.
No
es invento ni percepción, la crisis de seguridad en Chile es una
preocupación real y prioritaria para la comunidad. Las encuestas
confirman lo anterior, donde la gran mayoría considera que la
delincuencia ha aumentado de manera considerable.
El
fenómeno de la inseguridad tampoco es exclusivo de las grandes ciudades
como Santiago, Concepción o Valparaíso. El creciente aumento de la
violencia y el crimen han extendido su temor por todo el territorio,
incluso donde la tranquilidad era una característica, como en
Magallanes.
Más
allá de los esfuerzos locales para poner a disposición los recursos
para la prevención y contención de los delitos, el arribo de nuevas
formas criminales más conocidas en otras latitudes y hasta hace poco,
alejadas de nuestra cultura, sumado al narcotráfico, atentan contra esa
tradicional tranquilidad de la que nos sentíamos orgullosos.
Es
así como, la comunidad ya no siente segura, por el contrario, acusa
desprotección y vulnerabilidad afectando directamente la calidad de
vida.
Frente
a esto, se espera un rol estatal mucho más proactivo con políticas más
eficientes, focalizadas y directas que apunten por un lado a la base de
la delincuencia, pero al mismo tiempo, a su control y contención, con
implementación de programas y estrategias que permitan abordar la
problemática de manera integral.
Para
la efectividad de las medidas y acciones adoptadas, se requiere un
estudio preciso, un diagnóstico de esta nueva realidad, que posibilite
la identificación de las particularidades de la criminalidad de acuerdo
con cada región.
En
Magallanes, diversas autoridades han solicitado la implementación de
algunas iniciativas que no han tenido el efecto esperado. Es necesario
escuchar la opinión local.
En
este sentido, resulta indispensable la generación de espacios de
diálogo ciudadano donde sea posible conjugar la voz ciudadana con la de
expertos y autoridades, con roles definidos y objetivos claros para que
sus resultados no queden en nada.
La
formación valórica y la educación no pueden quedar fuera de la ecuación
que no tiene más sentido que el devolver la seguridad y la paz en una
sociedad que lucha por poner fin a este espiral de violencia y
delincuencia.