En una audiencia que tuvo una duración de casi dos horas, se ventilaron por parte de la Fiscalía los diferentes hechos por lo que al menos cincuenta clientes del Banco BCI de Punta Arenas denunciaron a un agente por una presunta apropiación de sus dineros.
De acuerdo a lo señalado por la fiscal Wendoline Acuña, la investigación se gestó a través de dos querellas, la del banco y la de uno de los clientes, por un monto de 49 millones de pesos. Los antecedentes dieron cuenta que durante los años 2011 al 2015, en circunstancias que Gerardo Menéndez Torres se desempeñaba como ejecutivo de inversiones en la sucursal del Banco BCI de Punta Arenas, teniendo como función gestionar diversos trámites, procedió a efectuar rescates de dineros por concepto de acciones y fondos mutuos de cincuenta clientes del banco, sin la autorización y conocimiento de los afectados, apropiándose y distrayéndolos en usos personales.
Se agregó que para cometer los ilícitos utilizó diversos mecanismos, entre ellos generar solicitudes de rescate o retiro de la inversión a nombre de un titular, la que aparentaba ser legítima y así se emitía un vale vista para el titular, el que era pagado por caja a Menéndez Torres.
Se agregó que una vez que los clientes se percataron, realizaron el reclamo a la entidad bancaria, que tuvo que restituir los dineros asumiendo el perjuicio, dinero que no fue restituido por Menéndez, siendo despedido.
Con estos antecedentes al imputado se le formalizó por el delito de apropiación indebida en calidad de autor. En primera instancia, la fiscal Wendoline Acuña solicitó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, a lo que el abogado defensor Jorge Plaza no se opuso. Sin embargo, la pretensión de los querellantes fue diferentes. Ante esto, el abogado del Banco BCI, Francisco Cox, solicitó la prisión preventiva por representar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, esto por haber afectado a cincuenta personas, al tratarse algunos de la tercera edad, que colocaron todos sus fondos y confianza en el ejecutivo imputado, misma petición que realizó el abogado querellante Rodrigo Higuera Muñoz, quien representa al primer denunciante.
Tras casi dos horas de debate, la jueza Paula Stange Kahler decretó la prisión preventiva, considerando el número de afectados, el monto de lo presumiblemente defraudado, delitos reiterados, por lo que existen antecedentes que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, no acogiendo la petición de la defensa, donde ninguno de los intervinientes solicitó un plazo para el cierre de la investigación.
La fiscal Wendoline Acuña señaló que el modo de operar del ex ejecutivo bancario era basado en la confianza. “Existía una confianza producto de su larga trayectoria de veinte años y cercanía con sus clientes. Se trata de cincuenta hechos dolosos que ocurrieron mientras esta persona se desempeñaba como ejecutivo, en ese sentido perjudicó a los clientes apropiándose de más de 860 millones de pesos con firmas que no correspondían a los titulares”.
En esta etapa de la investigación no existen peritajes de que mi representado se quedó con los dineros de las víctimas, no se ha establecido que las firmas que aparecen en los documentos son de mi representado y tampoco existe informe pericial alguno de que los dineros que se invirtieron a la sociedad GMT, que tiene mi representado con su cónyuge, hayan provenido de estas supuestas apropiaciones indebidas.
Los dineros que ingresaban a la sociedad es la renovación de vehículos usados y nada ha dejado de manifiesto que se haya utilizado dineros irregulares, lo mismo del Servicio de Impuestos Internos, que no ha presentado ninguna irregularidad. Aquí sólo hay declaraciones que no están acreditados los delitos. Lo que existe es que quedó de manifiesto que hay errores administrativos al interior del banco”.