Exigiendo que se haga justicia se mostró ayer la familia de
la niña de 12 años que permanece grave en la UCI Pediátrica del Hospital
Clínico de Magallanes, luego de ser atropellada por un conductor de 18 años.
Teresa Oyarzo, abuela de la estudiante del Liceo Nobelius,
Catalina Miramán Miranda, indicó que “lo único que queremos es que la justicia
se encargue del muchacho que la atropelló y la dejó grave. El día del accidente
dejó a la niña tirada. Alguien de 18 años sabe perfectamente si fue un
accidente. La niña no estaba en la calle, estaba en la vereda. Ni siquiera los
padres de él se han acercado a ver cómo está la salud de mi nieta. Esto ocurrió
afuera de mi casa y cuando salgo la veo en el suelo”.
Respecto al estado de salud de la menor, su abuela señaló
que permanece internada en la UCI Pediátrica: “Ella está despierta, se está
recuperando, a pesar que será un proceso lento por la operación que tuvo. Fue
muy grave lo que le pasó, ahora deberá ser apoyada por un sicólogo, porque ella
es pequeña y no entiende por qué le pasó esto. No recuerda el accidente, y se
mantiene con la cara hinchada. Ahora esperamos que no quedan secuelas”.
Formalización
Por su parte, ayer en el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, el estudiante de 4° Medio del Instituto Don Bosco, Matías Velásquez
Águila, fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves, luego que se
entregó el jueves ante Carabineros.
De acuerdo al relato del fiscal jefe de Punta Arenas,
Eugenio Campos, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.20 horas del
miércoles 1 de abril, cuando el imputado manejaba un Hyundai Excel a exceso de
velocidad por Avenida Raúl Silva Henríquez, sin estar atento a las condiciones
del tránsito, sin respetar el derecho preferencial de otro vehículo que
circulaba por calle Esteban Capkovic, intersección donde se produjo el choque
que fue antesala del atropello a Catalina Marimán Miranda.
Ley Emilia
El fiscal formalizó al joven por cuasidelito de lesiones
graves y el delito de darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar la
ayuda a la víctima, bajo el concepto de la llamada “Ley Emilia”.
Según informó el fiscal Campos, las penas que arriesga el
imputado alcanzarían los cinco años de presidio.