Tras
sendas querellas presentadas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas,
la Fiscalía comenzó una investigación que se formalizó ayer luego que
el fiscal Oliver Rammsy decidiera formalizar a 53 personas, de las
cuales 6 no estuvieron presentes que enfrentarán una audiencia en otras
fechas próximas.
Entre
los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se indicó que en
el mes de junio de 2016, último mes para cambiar la dirección en el
Servicio Electoral, para las elecciones municipales en San Gregorio, los
imputados modificaron de manera dolosa su domicilio declarando uno
nuevo en la comuna mencionada, sin cumplir con los vínculos objetivos
que señala la ley sobre inscripción electoral.
Se
agregó en la audiencia que las direcciones entregadas por los
electores, estaban directamente vinculadas por candidatos al municipio.
Uno
de los domicilios mencionados fue el de Don Bosco 14, Villa Punta
Delgada, de propiedad de Luis Alarcón, cónyuge de la concejala Marlene
Vásquez Vásquez, domicilio donde habitan ellos dos, aparecen tres
personas que cambiaron sus domicilios de Punta Arenas en junio al de
Punta Delgada.
En relación
a otro domicilio de Punta Delgada, de propiedad de Octavio Alarcón,
suegro de la concejala Vásquez, se indicó que nueve personas cambiaron
su domicilio de Punta Arenas a fines de junio del año pasado a Don Bosco
17 de Punta Delgada.
El
tercer domicilio de calle Don Bosco 25 de Punta Delgada, que aparece
como socio Luis Alarcón, tiene a cuatro personas más que modificaron su
domicilio de votación de Punta Arenas al mencionado.
Un
cuarto domicilio que es mencionado en la formalización pertenece a
Eulalia Vásquez, madre de la concejala Marlene Vásquez, ubicado en Pali
Aike 15, se mencionan a nueve personas que modificaron su domicilio de
Punta Arenas para votar.
Un
quinto domicilio ubicado en el kilómetro 80 de la Ruta CH 255, que
corresponde al Hotel Sanhueza, de propiedad del actual alcalde Edgar
Cárcamo, instalaciones que estaban cerradas, y aparecen siete personas
que modificaron su domicilio de Punta Arenas.
Un
sexto domicilio que aparece es el de calle O´Higgins 256 Punta Delgada,
de propiedad de José Rauque, padre de la, en ese entonces, candidata
Flor Rauque Uribe, donde aparecen ocho personas que previamente
cambiaron su domicilio de Punta Arenas y Porvenir.
Un
séptimo domicilio de calle O´Higgins 266 de Punta Delgada, de Fernando
Ramírez, cuñado de la candidata Rauque, donde aparecen dos personas con
cambio a ese domicilio.
Un
octavo domicilio de calle O´Higgins 270 de Punta Delgada, de propiedad
del cónyuge de la candidata Rauque, donde aparecen otras dos personas
con modificación de domicilio desde Punta Arenas.
Un
noveno domicilio de calle Adolfo Ibáñez 110, inmueble que aparecía como
abandonada y fue arrendado por el candidato Marco Aurelio Arteaga como
sede electoral, y al finalizar la campaña la casa volvió a su estado de
abandono. En ese domicilio aparecen nueve personas. Con estos
antecedentes a todas las personas presentes en la audiencia se les
imputó por la infracción a la ley electoral, tal como lo indicó el
fiscal Oliver Rammsy: “se les informó a estas
personas que se investiga y se realiza las indagaciones para ver si
existe delito. Las penas son de presidio menor en su grado mínimo y
multas. Acá tienen que tener una vinculación de tener una propiedad,
tener a sus padres, trabajar o estudiar, pero acá en menos de un mes
estas personas se cambiaron antes del cierre del plazo para modificar
sus domicilios para votar. Acá los domicilios son vinculados a los
candidatos a esa fecha”.
Víctor
Díaz, propietario de uno de los domicilios mencionados, señaló que “yo
trabajo en la locomoción colectiva y arriendo una casa en Punta Arenas,
pero siempre viajo a mi casa de Adolfo Ibáñez 110. No vivo allá porque
no puedo ir todos los días porque trabajo en Punta Arenas y para votar
mi dirección es allá. La casa no está abandonada y con mi familia
viajamos. Hay gente que está anotada en mi casa y nosotros somos cinco
personas. A Marco Aurelio Arteaga en esa ocasión me la pidió para una
sede donde estuvo dos meses y la arregló, pero nunca me pagó”.
Otra
de las personas formalizadas, Lucila Nahuelhuen, señaló que “yo vivía
allá, hace menos de un año que estoy en Punta Arenas, pero soy profesora
de Estado, mi voluntad fue votar en San Gregorio, trabajé 30 años en educación y me pareció lógico donde me tendieron la mano de vivir de emitir mi voto allá”.