Cuerpo de la noticia La extensión de los canales australes y las faenas de la pesca artesanal en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena han sido históricamente aprovechadas por personas con órdenes de detención pendientes para evadir el accionar de la justicia. Para frenar esta situación, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile ejecutan operativos de fiscalización en altamar a las tripulaciones de la zona.
Sin embargo, estos procedimientos han expuesto una limitación operativa recurrente: la Autoridad Marítima no dispone de acceso directo a las plataformas ni a las bases de datos informáticas de las policías para verificar los antecedentes penales de las personas en tiempo real durante un patrullaje de rutina.
Por este motivo, la detección de prófugos de la justicia solo resulta efectiva cuando se llevan a cabo operativos interinstitucionales con presencia directa de personal policial a bordo de las unidades navales.
Vacío en la actualización de antecedentes
El capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata Fernando Díez Moreno, explicó el funcionamiento del sistema actual de fiscalización. El oficial naval precisó que si bien al momento de tramitar la matrícula de pescador artesanal se exige el certificado de antecedentes penales, no se requiere volver a presentar dicho documento para trámites posteriores, tales como autorizaciones específicas o la tramitación del zarpe de las embarcaciones.
A esta vulnerabilidad se suma que la matrícula de pescador artesanal posee una vigencia de cinco años, periodo durante el cual el trabajador marítimo no se encuentra obligado a actualizar sus antecedentes ante la institución naval.
El capitán Díez enfatizó que la única forma de revisar órdenes judiciales vigentes en plena faena es mediante el despliegue en terreno de las policías, quienes cuentan con la atribución legal y los sistemas necesarios para la verificación de datos.