Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal notificó a todos los intervinientes del caso Rayen que gran cantidad de testigos no fueron habidos, por lo que no prestarían sus testimonios.
Uno de los abogados defensores, Juan José Arcos, quien representa Patricia Leiva y Javier Gajardo, dos de los siete acusados, señaló que “nos encontramos con la desagradable sorpresa que habiendo la defensa pedido a la Fiscalía que más de 200 personas sean citadas a declarar, lo que derechamente la Fiscalía investigó lo que quiso, y no cumplió con el principio de objetividad que debió revisar las pruebas que inculpan, pero también de las que exculpan a los imputados. Lo que ocurre es que hoy (ayer) se nos informó por parte del Tribunal Oral que estarían 80 testigos inubicables, claro que no se van a encontrar si durante cuatro años la Fiscalía no los citó y cuando pedimos la reapertura de la causa se nos negó por parte del tribunal, lo que obviamente es que estamos frente a un juicio político donde lo que se quiere sacar culpables, y que no está siendo objetivo con las partes. La defensa se verá afectada por no tener estos testigos y vulnera los derechos y que además acá no hay delitos porque en otros lugares como por ejemplo en Antofagasta en una universidad el retiro de los sedimentos tras el aluvión, el costo fue mayor a la limpieza que realizó la empresa Rayen en 2012 en Punta Arenas. Los contratos se cumplieron”.
El juicio está fijado para el 6 de marzo de 2017 a las 8.30 horas, considerándose una duración de sesenta días, tiempo que se presentarán las pruebas que estimó la Fiscalía para acreditar la acusación en contra de los imputados que arriesgan penas que superan los diez años de cárcel, entre ellos ex autoridades y empresarios investigados por el millonario fraude tras el desborde del Río de Las Minas del año 2012.
Los delitos por los que son llevados a juicio siete personas son de malversación de caudales públicos, desacato, cohecho, fraude al Fisco, negociación incompatible, estafa, soborno y delito del Código Tributario.