Ayer hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue trasladado el guardia de seguridad que fue detenido el jueves por Carabineros tras una persecución policial.
Andrés Osvaldo Parilicán Villanueva, de 23 años, denunció maltrato por parte de Carabineros al momento de su detención: “Cuando me detienen uno de los carabineros me tiró al piso y me dio un combo en la nariz”. Ante esto la juez Paula Stange ofició al Ministerio Público para que investigue la denuncia y también a Carabineros para iniciar una investigación sumaria por el uso excesivo de la fuerza.
Tras esto, la fiscal Rina Blanco le indicó al imputado Parilicán Villanueva que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que ocurrieron el 25 de agosto, alrededor del mediodía, cuando conducía el vehículo Hyundai Elantra y personal de Carabineros le solicitó que se detenga en un patrullaje preventivo. Sin embargo, al disminuir la velocidad y al acercarse el funcionario policial para realizar el control, el imputado nuevamente inició la marcha acelerando a toda velocidad – según los antecedentes – dirigiéndose en contra de uno de los Carabineros que lo intentó fiscalizar, huyendo sin antes el carabinero evitar ser atropellado. En esos momentos se inició una persecución por la Avenida Martínez de Aldunate en dirección al sur por diferentes calles de la ciudad, momentos al llegar a la esquina de la calle Lord Tomas Cochrane el imputado perdió el control del móvil chocando contra una barrera de contención metálica, deteniéndose momentáneamente. En esos momentos llegó al lugar más personal de Carabineros, intentando detenerlo, instantes que el imputado reanudó su marcha, cuando otro funcionario policial debió arrojarse al suelo para evitar ser atropellado cuando el imputado intentó colisionar. Fue así que Parilicán fue formalizado por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad en calidad de autor, recuperando su libertad y quedando con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a los dos funcionarios policiales que intentaron detenerlo y que fueron víctimas. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 50 días.