A pesar que la defensa de una ciudadana colombiana que se encuentra en prisión preventiva solicitó el cambio de dicha medida por existir nuevos antecedentes, la imputada se mantendrá tras las rejas mientras dure la investigación.
De acuerdo a lo señalado por el abogado defensor Pablo Santander, se pidió el cambio de la medida de prisión preventiva. “Se trata de una ciudadana colombiana que fue sometida a esta medida cautelar tras una denuncia de una joven de esa misma nacionalidad quien refiere que fue traída engañada a trabajar en un almacén, llegando bajo engaño y cuando llegó se trataba de un prostíbulo y al llegar se negó porque nunca había ejercido. Sin embargo esta parte presentó en audiencia prueba y fotografías de promoción de su aviso de comercio sexual, también aportó un anunció de Internet, por lo tanto ella no venía engañada a trabajar a un almacén a Punta Arenas, por lo tanto no vemos el engaño que se le imputa a mi representada en cuanto a engañar a personas para una situación de explotación sexual, aquí vemos que se tiene a una persona en prisión en base a situaciones que no corresponden por lo que creemos que podemos dar vuelta la situación en la Corte de Apelaciones”.
Por su parte, la fiscal del caso, Wendoline Acuña, se opuso al cambio de dicha medida por no haber variado los antecedentes. “La defensa solicitó el cambio de prisión la que ya se revisó en la Corte de Apelaciones el viernes pasado donde ya se mantuvo y en esta ocasión el defensor mantiene su postura que no aporta ningún antecedente nuevo que nosotros aportamos en la formalización, por lo que el tribunal decidió mantener la medida”.
Cabe recordar que la imputada Luz Córdova Correa, ciudadana colombiana, fue formalizada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y facilitar el ingreso al país para ejercer la prostitución en carácter de reiterado.
Entre los antecedentes se cuenta que la imputada se contactó a una joven de 21 años de su misma nacionalidad y bajo engaño la habría trasladado hasta Punta Arenas para trabajar en un almacén de la imputada, generando ingresos, a lo que la víctima para poder sustentar a su hija de 4 años aceptó. Tras esto, la imputada financió el pasaje de la víctima (nombre protegido) y su pasaporte, viaje que comenzó el 29 de junio de este año, considerando un primer tramo vía terrestre en bus de pasajeros, mientras que el tramo de Santiago a Punta Arenas lo realizó vía aérea, llegando el 8 de julio al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, lugar donde fue recibida por la imputada y posteriormente acogida en el domicilio de calle Boliviana 405. En el lugar se le señaló que debía trabajar en el comercio sexual para así pagarle la deuda de dos millones 800 mil pesos que gastó en su pasaporte y traslado a Magallanes. Ante esto la víctima se negó y se originó una discusión entre ambas, exigiendo la imputada a la recién llegada que le devuelva su pasaporte, amenazándola con denunciarla a la policía como traficante de drogas. Ante esto se inició un forcejeo donde la imputada zamarreó y agredió a su compatriota, señalándole que le marcaría la cara con un corte de cuchillo, instantes que la afectada se escondió en el dormitorio del inmueble. La imputada continuó increpándola hasta que la afectada logró huir y solicitar ayuda para llegar posteriormente hasta el cuartel de la PDI, donde realizó la denuncia constatándose las lesiones.
En la investigación hay otras dos chilenas imputadas como cómplices y otras dos víctimas.