Alegando
exageración de los medios de prensa, abandonaron ayer al mediodía el
centro de Justicia de Punta Arenas, los familiares que acompañaron al
joven de 22 años, detenido la noche del miércoles luego de dar un falso
aviso de bomba en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.
Juan
Pablo Sáez Maldonado, fue formalizado por el fiscal jefe de Punta
Arenas, por los hechos que se gestaron alrededor de las 20.30 horas del
miércoles 29 de mayo pasado. En la audiencia se indicó que el imputado
llegó al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo para acercarse al mesón de
la aerolínea Jetsmtar, donde tenía pasaje para viajar a Santiago. En
esos momentos se dirigió a la funcionaria que realizaba labores de
registro de pasajeros, momento en que el imputado le expresa “puedo
llevar una bomba en la maleta”. Esta situación generó alarma y se activó
el protocolo de seguridad, siendo evacuado el recinto aeroportuario,
donde más de 800 personas debieron esperar que personal del Grupo de
Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, descartara la
presencia de algún artefacto explosivo.
Con
estos antecedentes, al imputado se le formalizó por los hechos ya
mencionados, así lo señaló el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando
Dobson: “El imputado pretendía abordar uno de los vuelos e hizo
referencia a que podía llevar una bomba y que generó la evacuación y
trabajo de personal del GOPE, descartando que llevara algún explosivo,
lo que generó una alarma en la gente, siendo formalizado por desórdenes
públicos y falso aviso a la autoridad. En base a ello, las penas son
bajas, de 61 días a 540 días de presidio por este tipo de delitos. Él
hace una referencia que entre los elementos que llevaba podría llevar
una bomba, ante lo cual se expuso al tribunal por las consecuencias de
los dichos del imputado”.
Por
su parte, el abogado defensor, Leonardo Vallejos, indicó que “mi
cliente pasa detenido por un supuesto delito de alarma pública, lo que
al parecer generó una sobre reacción
de las funcionarias de la línea aérea que nos trajo a esta audiencia.
Tenemos que ver si la Fiscalía persevera en este caso. Según los
relatos, mi cliente consultó si podía llevar algún elemento, y quizás en
tono de broma, dice si puede llevar un elemento prohibido lo que generó
este protocolo. No todo puede ser traído ante un juez de Garantía. El
hacer una consulta, no significa dar un aviso, por lo tanto no
necesariamente puede ser perseguido penalmente”.
El
imputado recuperó su libertad, quedando con la medida cautelar de
arraigo nacional, mientras que el plazo para el cierre de la
investigación se fijó en 45 días.