Al mediodía de ayer, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, Iván Castillo Campos y Víctor Santana Aguilar, quienes son sindicados como autores de una agresión de la cual fue víctima un tercero, provocándole lesiones graves.
Durante la audiencia, la fiscal Wendoline Acuña señaló que los sujetos fueron detenidos, por la sindicación que realizó la víctima, Diego Altamirano, por lo que la SIP de Carabineros realizó las diligencias para ubicar a los sujetos, quienes fueron detenidos en sus respectivos domicilios en Punta Arenas.
De igual manera, se les comunicó a ambos, que se inició una investigación en su contra, por los hechos ocurridos a la 1.00 hora de la madrugada del 27 de febrero, cuando la víctima, Diego Altamirano, de 23 años, se encontraba en el local nocturno de Avenida Martínez de Aldunate, compartiendo con un familiar.
Según el relato, “tras unos minutos llegaron los imputados, en compañía de otras personas, las cuales no han sido identificadas. Cuando la víctima decidió ir al baño, fue abordado por Castillo Campos, quien lo increpó, invitándolo a salir del local. Cuando salían, Castillo Campos, le propinó golpes de pies y puños, junto a Santana Aguilera, intercediendo personal del local nocturno y el familiar de la víctima, para poder separarlos”.
Luego, “los amigos de los imputados, junto a ellos procedieron a intentar lanzarlo sobre una reja de aproximadamente tres metros de altura, lo que no pudieron lograr, continuando con la agresión para luego fugarse del lugar”.
Producto de los golpes, Altamirano resultó con múltiples contusiones en el rostro, cabeza y brazos, fractura nasal y dental, además de un esguince en la mano derecha, las cuales fueron diagnosticadas como graves por el médico de turno del Hospital Clínico de Magallanes.
La fiscal Acuña dijo que estos hechos constituyen un delito de lesiones graves, solicitando antes del término de la audiencia que se le aplique las medidas cautelares de arraigo regionala los imputados, además de firma periódica en la Fiscalía y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, en donde quiera que este se encuentre ni al domicilio de este, a lo cual la defensa no se opuso, siendo estas decretadas.
La defensa solicitó que se aplique un plazo de 40 días para el cierre de la investigación, mientras que la Fiscalía solicitó que sean 60 días, siendo acogida por el juez Pablo Miño, determinando dos meses para el cierre de la investigación, siendo informados en la audiencia de que si no cumplen las cautelares impuestas, serán enviados a cumplir prisión preventiva.