Tras la muerte del trabajador Adolfo Ruiz Ortega, de 35 años, la Dirección Regional del Trabajo inició una investigación para determinar si existían responsabilidades que pudiesen ser ligadas a la empresa Ultraport, encargada de las maniobras de los estibadores en los muelles de Punta Arenas.
De acuerdo con lo señalado por el secretario regional ministerial del Trabajo, Carlos Abarzúa, la investigación arrojó varias irregularidades cometidas por parte de la empresa, lo que derivó en multas, alcanzando una suma total cercana a los 10 millones de pesos.
“La investigación que hizo la Dirección Provincial de la Inspección del Trabajo, respecto de la muerte del trabajador Adolfo Ruiz Ortega, terminaron con una sanción por infracciones a la normativa laboral, que significan multas ascendentes a 220 UTM, por distintos conceptos. La empresa incurrió en infracciones al menos en 6 acápites. Uno es no llevar registro de asistencia, ya que el trabajador lo tenía firmado con anticipación, recibiendo por ello una multa de 40 UTM. Luego, por no mantener una maquinaria de levante, se multó con 40 UTM, ya que esta contaba con una cuerda de seguridad más corta que la otra. Al no haber entregado al trabajador accidentado el equipo de caídas, según lo regula el (procedimiento) ordinario de la autoridad marítima, en este caso fueron 30 UTM de multa. De igual forma se le cursó una multa por no contar con un procedimiento de trabajo seguro, completo para el trabajo de descarga y carga de camiones y se verificó que no mantenía distribuida las formas de trabajo para los funcionarios, por una multa de 40 UTM, además de no mantener actualizadas las medidas del Comité Paritario. Junto a ello no acreditaron que las herramientas no contaban con la documentación de certificación de calidad de los implementos, donde se multaron. En total las multas suman un valor cercano a los 10 millones de pesos. Ya fueron notificados y tienen un plazo para reclamar y recurrir a tribunales. La Inspección del Trabajo terminó su investigación, la persona que estaba a cargo entregó el informe y se elevó a nivel nacional”, dijo la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 19 de enero, cuando el trabajador cayó de un container donde cumplía funciones, falleciendo horas más tarde, cuando era asistido en el Hospital Clínico de Magallanes, iniciándose desde entonces una serie de diligencias que permitan esclarecer los hechos.
Ahora la empresa en cuestión podrá apelar a la determinación, pero por el momento se ha determinado por la Dirección del Trabajo, que deben cancelar dicha multa.
Abarzúa indicó que “de manera previa debieron hacerse las certificaciones y que tomen conciencia los trabajadores de seguridad y salud, como manera preventiva. Hoy en día, más que nunca se está tratando de focalizar que los riesgos no existan, o si no pueden dejar de existir se minimicen. La idea es enfrentar la menor cantidad de personas que pudieran ser afectadas por un accidente laboral. Nuestra principal labor es la educativa y preventiva, y como minimizar los riesgos. Respecto de ello existe una nueva política nacional de seguridad nacional, habla de resguardar el riesgo. En términos concretos un trabajador que se enfoquen no tanto en la protección del trabajador sino que en la aislación del riesgo, evitando así hechos lamentables”, señaló la autoridad.