“En el área de mi especialidad
es algo que cuando ocurren este tipo de situaciones uno quiere estar, recorrí
el área para ver qué estaba pasando, incluso la oficina de la senadora Carolina
Goic, que estaba en el puente Chiloé, se vio afectada, además de otros
militantes de mi partido en el sector del Barrio Croata. Como ex seremi de
Obras Públicas también ofrecí mi asesoría y técnicamente no estaban siendo bien
ejecutadas, como que estaban con maquinaria sacando lodo en el puente Armando
Sanhueza, siendo que más prudente debieron haber estado sacando barro bajo del
puente Magallanes, pero desde el ámbito de la opinión. Estaba muy atento lo que
se estaba haciendo al ser de un partido de oposición, en un rol de
fiscalizador. Hay que reconocer que había mucho funcionario público con turnos
limpiando el área técnica, donde no tuve reparos, pero con el tiempo con
Carolina Goic interpusimos una denuncia a Contraloría producto de unos
antecedentes que tenían que ver de que se estaban haciendo cosas irregulares,
ya que vecinos fueron a la oficina del partido ya que estaban con frustración
porque veían que la ayuda no estaba llegando, que no se estaban limpiando las
calles como se decía y decidimos con Carolina, ella como diputada en esa
ocasión, y yo como presidente de partido interponer esta denuncia y entregar
los antecedentes para que actúe con mayor celeridad y tiene la potestad de
intervenir cualquier servicio público. La denuncia que se interpuso a
Contraloría nos parecía poco regular en el marco legal la contratación de
empresas, en este caso una empresa que no estaba en los registros del Obras
Públicas y esos contratos tenían cosas poco regulares en mi experiencia, no
habían garantía, no estaba designado el inspector entre otras cosas,
apareciendo esta empresa desconocida”.
Defensor
Tras la
declaración de Miranda, el abogado defensor de dos de los acusados en el caso
Rayen, Juan José Arcos, indicó que este juicio es político. “Esta fue una
declaración interesada, porque Arturo Storaker era el candidato de la UDI para
las elecciones de diputado de 2013, y Juan Francisco Miranda fue pre candidato
a diputado ese mismo año, por eso planteamos que este es un juicio político que
buscaba perjudicar la imagen del ex intendente y al menos es anómalo que el
Ministerio Público nos traiga a todos los rivales electorales del señor
Storaker en el juicio Rayen”.
El defensor
Arcos agregó que “durante un día la Fiscalía intentó hacer ver que hubo una
cotización previa. Esto se gesta porque la empresa Salfa y Vilicic se retiraron
de esta obra, no habían empresas con capacidad y en una conversación con uno de
los representantes de las asociaciones de transportistas, los dueños de la
empresa Rayen le señalan que pena no poder tener las máquinas y en estas
condiciones se le indicó que existía una sociedad El Ovejero y que a través de
la asociación se pueden proporcionar todas las máquinas para la obra y de esa forma
llega Rayen. Sin embargo, Rayen perdió la licitación, quien gana la licitación
es la empresa de Hernán Mancilla, y en tercer lugar Rayen, pero ante el
abandono de las obras de Hernán Mancilla y la imposibilidad de la empresa Axis
de poder tener la cantidad de camiones que se requería, recién ahí apareció
Rayen. Se acreditó que Rayen fue el último recurso. Otra cosa que se dijo es
que por qué se limpiaron lugares donde ya habían pasado, es porque había mucho
barro y al pasar las máquinas se volvían a ensuciar, entonces quedó claro eso,
al igual que la cotización de un testigo de que el valor correspondía al IVA y
por eso es que la factura terminó por 154 millones y no por 130 millones,
porque había que pagar el impuesto. Otro de los testigos que fue de los
supervisores señaló en juicio que los choferes dormían hasta dos horas, porque
se hizo el esfuerzo ante las ganancias, además de poder limpiar la ciudad que
estaba en una situación de emergencia. Hubo un compromiso de la asociación de
los camioneros El Ovejero, quienes sí trabajaron durante la madrugada”.
El juicio
comenzó el 6 de marzo pasado, donde los acusados arriesgan penas que superan
los diez años de cárcel, entre ellos ex autoridades y empresarios investigados
por el millonario fraude tras el desborde del Río de Las Minas del año 2012.
Los delitos
por los que enfrentan juicio siete personas son de malversación de caudales
públicos, desacato, cohecho, fraude al Fisco, negociación incompatible, estafa,
soborno y delito del Código Tributario.