Hace
poco, se conoció la noticia de que el Gobierno había expulsado a 51
extranjeros en la zona norte del país. Una información que no dejó
indiferente a nadie, ya que ponía en marcha la política que el Gobierno
de Sebastián Piñera iba a implementar con los inmigrantes: expulsiones
masivas ante actos delictuales.
Por
lo mismo, surgió la pregunta sobre cuándo se iban a empezar a producir
las expulsiones en Magallanes. Y la primera, al menos de esta
administración, no tardó en llegar. Se trató de Diego González Banguera,
colombiano de 39 años, quien se encontraba con libertad condicional
tras un homicidio por el cual fue condenado en el año 2007.
En 2017
salió en libertad condicional, sin embargo volvió a incurrir en actos
delictuales, cuando durante este año amenazó a su pareja, siendo
formalizado por amenazas en contexto de Violencia Intrafamiliar.
Este
sería el primero de doce casos que están en proceso de solicitud de
expulsión por parte del Ejecutivo y su representante provincial, Nicolás
Cogler, gobernador de Magallanes.
Ante
eso, fue el propio Cogler quien destacó esta medida adoptada por el
Gobierno, señalando que “tenemos el primer expulsado de la Región de
Magallanes. Migrante. Llegó hace algunos años, cometió un homicidio, y
el año pasado, abusando de su libertad condicional, trató de matar a su
exmujer, también a la mamá de ella. Por eso hemos tomado las medidas del
caso y este delincuente se va de las calles de Punta Arenas.
Los
vecinos pueden estar más tranquilos, y este va a ser el primero de doce
personas, que a finales de este año se van a tener que ir de la región.
Le estamos quitando un delincuente más a la calle, porque este homicida
se va”.
Información
que ratificó Danilo Armijo, jefe del Departamento de Extranjería y
Policía Internacional de Punta Arenas, quien señaló que “cuando salvó de
las investigaciones, nosotros iniciamos el proceso de coordinación para
dar cumplimiento con el proceso de expulsión que está vigente del año
2007”.
Problema con la libertad condicional
Cogler
fue enfático en señalar que las personas, como este colombiano, deben
cumplir condena en territorio chileno antes de ser expulsados. Situación
compleja si se considera que la libertad condicional obliga a los reos a
conseguir un trabajo, algo que muchos no pueden hacer debido a su
situación de indocumentación. Ante eso, el gobernador fue claro: “las
personas que hayan cometido un delito dentro del territorio, no se van a
poder acoger al proceso de regulación. No hay un vacío legal”.
Vale
destacar que la persona argentina fallecida en Barranco Amarillo estaba
también con situación de libertad condicional. Hoy en día son varios
los extranjeros que no pueden irse del país, ya que están con libertad
condicional, pero que tampoco pueden buscar un trabajo, quedando en un
“limbo” en términos de documentación.