Penas que superan los diez años de cárcel está solicitando la Fiscalía en contra de ex autoridades y empresarios investigados por el millonario fraude tras el desborde del Río de Las Minas del año 2012.
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, el lunes a las 20.20 horas entregó la acusación en el domicilio del ministro de fe del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
De acuerdo con las penas solicitadas por el Ministerio Público tras la investigación que desarrolló desde el año 2012, para el ex intendente de Magallanes Arturo Storaker Molina pide una pena de diez años y un día por el delito de malversación de caudales públicos, multa de 12 UTM y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además de 541 días de presidio por el delito de desacato, mientras que por el delito de cohecho pasivo agravado pide 541 días de cárcel y tres años y un día de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En relación a Luis Sáez Martínez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional, la Fiscalía está solicitando una pena de cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al Fisco y la inhabilitación perpetua temporal para cargos públicos. Por el delito de cohecho pasivo agravado igual se solicita una pena de 541 días de presidio y tres años y un día de inhabilitación para cargos públicos. La acusación continúa señalando en el caso de Luis Sáez Martínez que se aplique la pena única de cinco años y un día por el delito de fraude al Fisco y negociación incompatible.
Por su parte, para Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional del seremi de Justicia en el 2012, se pide la pena de cinco años de presidio por el delito de fraude al Fisco y 541 días por el delito de cohecho pasivo agravado.
En la acción legal además para Javier Gajardo Castro (propietario de Rayen SPA), se solicita se aplique una pena de cinco años de presidio por el delito de estafa, multa de 30 UTM, mientras que por el delito de soborno (cohecho activo) la pena de 541 días de reclusión y por el delito del Código Tributario a la pena de cinco años y un día de presidio y multa del 300% de lo defraudado, más las accesorias legales y costas.
Mientras que para Patricia Leiva, esposa y socia de Gajardo de Rayen SPA, se solicita se aplique una pena de cinco años de presidio por el delito de estafa, multa de 30 UTM, mientras que por el delito de soborno (cohecho activo) a la pena de 541 días de reclusión y multa ascendente al duplo del provecho ofrecido, más accesorias legales y costas.
Otro de los operadores de Rayén, Hugo Reyes Tureuna, arriesga una pena de 818 días de presidio por tener la calidad de encubridor del delito de fraude al Fisco, más multa del 10 % del perjuicio causado, y la inhabilitación temporal para cargos, empleos u oficios públicos.
Para el cuarto operador de la empresa Rayen, Pablo Sáez Martínez la Fiscalía pide que se aplique una pena de 818 días de presidio por el delito de estafa, más multa de 10 UTM, accesorias legales y costas. Mientras que en su calidad de cómplice del delito de negociación incompatible solicita la pena de 540 días de reclusión y la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos y multa del 10% del valor del interés que hubiere tomado en el negocio, accesorias legales y costas.
Con esta acusación en contra de los siete imputados, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía que se fije una fecha para la preparación de juicio oral, sin embargo hay que recordar que la defensa de dos de los acusados solicitó la reapertura de la investigación para realizar entrevistas a más de 220 testigos, por lo que el martes 26 de abril se debatirá en el mismo tribunal si se reabre el caso.
En la acusación de la Fiscalía que contiene 69 páginas se tiene contemplado diversas pruebas documentales, 7 peritos y 211 testigos.