Por su presunta participación en una banda narcotraficante, tres ciudadanos colombianos y uno dominicano fueron detenidos por personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) por un delito de tráfico de drogas.
El prefecto de la PDI en Magallanes, Jorge Sánchez, señaló que “dentro del objetivo del plan comunal antidroga se logró desarticular una banda de cuatro ciudadanos extranjeros. Con un trabajo investigativo se pudo determinar los puntos de ventas, se gestionaron las órdenes de allanamiento y detención. Lo importante es que se neutralizó un punto de venta de esta droga. Estamos hablando de aproximadamente de 20 millones de pesos en ganancias de la droga y lo importante es el combate al microtráfico en las poblaciones de Punta Arenas. La investigación se sigue desarrollando con el Ministerio Público; esto ya se lleva adelante desde hace un tiempo y se logró ingresar a este domicilio donde mantenían almacenada la droga”.
Formalización
De los cuatro detenidos, un ciudadano dominicano recuperó su libertad, mientras que los otros tres colombianos fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas para ser formalizados.
Fue así que el fiscal Manuel Soto les indicó a los extranjeros, que trabajaban en una pesquera en Punta Arenas, que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se originaron luego de una denuncia realizada el 14 de septiembre, donde una persona anónima dio cuenta que se realizaba venta de drogas en Avenida Alessandri 0240, vivienda donde habitaban los imputados Wilmar Andrés Jory Loaiza y los hermanos Geison Stiven y Marvin Norley Angulo del Valle, en la Población Simón Bolívar de Punta Arenas. Las ventas se realizaban en horas de la tarde y noche. En ese contexto la Fiscalía emitió una orden de investigar a la PDI, donde personal de la Brigada Antinarcóticos realizó una vigilancia a ese domicilio, hasta donde llegó una persona que fue atendida por uno de los imputados. En ese momento personal policial tras observar una transacción se le realizó un control de identidad al comprador, encontrándole 1.3 gramos de cannabis sativa. En ese contexto el fiscal Manuel Soto solicitó la autorización judicial del ingreso al domicilio de los imputados, quienes fueron detenidos.
Lo incautado
Se detalló que aproximadamente alrededor de las 21 horas del lunes 25 de septiembre se encontró, en un armario de una habitación del segundo piso del inmueble de los imputados, un tarro metálico que mantenía en su interior cannabis sativa que alcanzó los 27.3 gramos. En el mismo clóset se encontraron bolsas y 180 mil pesos. En una chaqueta se encontró 10 ovoides que mantenían clorhidrato de cocaína, alcanzando 117 gramos. Debajo de una de las camas había una caja con 77.9 gramos de cannabis sativa.
En el registro policial en otra habitación, el can detector “Wanda” dio alerta de otra cama que mantenía un bloque (ladrillo) de 424 gramos de cannabis sativa.
Se indicó que al imputado Geison Angulo del Valle se le encontró una billetera con una bolsa Ziploc que alcanzó 1.4 gramos de cannabis sativa, 1.000 pesos, 20 reales, 20 pesos mexicanos, 54 pesos argentinos y 2 bolívares. Además de 120 mil pesos en otra billetera. Mientras que al otro imputado Wilmar Jory se le encontró en su billetera una bolsa Ziploc con 2.6 gramos de cocaína y 180 mil pesos, además de otra billetera con 50 mil pesos, 11 dólares y un celular.
Con estos antecedentes, a los tres imputados se les formalizó como autores del delito de tráfico de drogas, donde el fiscal Manuel Soto solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres ciudadanos colombianos. Tras dos horas de audiencia, el juez Juan Enrique Olivares determinó no aplicar la prisión preventiva para los imputados Marvin Norley Angulo del Valle y Wilmar Andrés Jory Loaiza, por considerar la no existencia de antecedentes que permitan la justificación de su participación en el delito, decretando el arraigo regional, mientras que para Geison Angulo del Valle decretó la prisión preventiva.
A pesar de la decisión del magistrado en dejar libres a dos de los tres imputados, el fiscal Manuel Soto apeló verbalmente para que los antecedentes sean revisados en la Corte de Apelaciones, donde hoy debería verse este caso en el tribunal de alzada, por lo que los tres imputados debieron quedar privados de libertad de todas maneras, dos de ellos al menos hasta que se pronuncie el máximo tribunal magallánico.
El plazo de la investigación se fijó en tres meses.