Una querella criminal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La medida fue interpuesta por el jefe de la sede regional de dicho organismo, Cristian Figueroa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 411 quáter del Código Penal, en caso recientemente formalizado por la Fiscalía Local de Punta Arenas.
En este caso se encuentran imputadas tres personas, entre ellas, una ciudadana colombiana que actualmente permanece en prisión preventiva; y dos chilenas quienes se mantienen con otras medidas cautelares.
Cambios legales
En 2011, a través de la Ley 20.507, se introdujo en el Código Penal los delitos de Trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, acogiendo los estándares internacionales con los que el Estado de Chile se ha comprometido en esta materia.
Se trata de delitos de extrema gravedad, que deben ser acuciosamente investigados por las autoridades competentes, y donde debe garantizarse la oportuna atención y protección a las víctimas, por la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Un informe de la Universidad Católica reveló en 2012, tras la adopción de la nueva legislación, que nuestro país todavía no cumplía cabalmente con los estándares mínimos del Acta de Prevención de Víctimas, situación que, sin embargo, estaba siendo corregida con celeridad por las autoridades.