Ayer
el Ministerio Público presentó cargos en contra de Melquicedec
Henríquez Loyola, un funcionario de Carabineros que habría sometido a
vejámenes a un detenido al interior de la Primera Comisaría.
Los
hechos ocurrieron el 22 de octubre del 2019. Ese día, la Plaza de Armas
Muñoz Gamero era foco de protestas y Carabineros detuvo a un grupo de
manifestantes por desórdenes públicos.
La
víctima –un joven de 18 años– estaba entre los arrestados. Lo
trasladaron a la comisaría y ahí se encontró con el imputado, un cabo
primero que estaba a cargo del registro. Bajo la excusa de un supuesto
protocolo de detención, forzó al afectado a bajarse sus pantalones y
ropa interior. Después le ordenó que se agachase contra la pared e
hiciese sentadillas semidesnudo.
La
víctima fue trasladada a la celda, donde había otros 15 aprehendidos.
Les consultó si habían recibido el mismo trato, pero todos contestaron
que no.
La
denuncia se hizo cuando el afectado fue formalizado por desórdenes
públicos y el tribunal ordenó una investigación administrativa. El
carabinero declaró que le había encontrado un arma blanca y reconoció
haberlo forzado a hacer sentadillas, pero con sus vestimentas.
Aunque
la Fiscalía decidió formalizar al funcionario, no fue fácil imputarle
cargos. El tribunal tuvo que despachar una orden de detención en su
contra por ausentarse a la audiencia. La institución informó al juzgado
que fue imposible notificarlo, pues fijó como domicilio la comisaría de
Punta Arenas.
Finalmente,
ayer el uniformado se conectó desde Linares, donde cumple con sus
funciones. El Ministerio Público le comunicó que sería investigado por
apremios ilegítimos. El tribunal ordenó que, mientras se extienda la
causa, cumpla con la prohibición de acercarse a la víctima.