El Gobierno promulgó la Ley de Flagrancia, una nueva normativa enmarcada en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que otorga mayor margen de acción a las instituciones policiales y de orden durante las primeras etapas de una investigación criminal.
La reforma legal extiende formalmente de 12 a 24 horas el plazo de detención en flagrancia cuando el procedimiento es efectuado por Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones (PDI). Además, dispone una ventana excepcional de 48 horas para la Autoridad Marítima, considerando las distancias y tiempos de traslado en los operativos navales.
Diligencias inmediatas sin esperar orden del fiscal
Uno de los aspectos más relevantes de la legislación es que permite a las policías realizar las primeras diligencias urgentes mediante instrucciones generales del Ministerio Público, sin tener que esperar una orden particular del fiscal de turno para cada actuación.
Respecto al impacto de este cambio, las autoridades regionales de Magallanes destacaron la agilidad que ganarán los procedimientos:
“Lo que se gana son las primeras horas, que es exactamente donde hoy se pierden los casos”, explicó el seremi de Seguridad Pública, Ronald López.
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, señaló que contar con más tiempo facilitará el acceso a pruebas clave como registros de cámaras de seguridad y peritajes a teléfonos celulares.
“Esta modificación perjudica a los delincuentes y beneficia a las víctimas, a sus familias y a los ciudadanos, para obtener una respuesta más eficaz del Estado”, puntualizó Fernández.
Nuevas atribuciones para Policía Marítima y Gendarmería
La normativa también delimita las competencias de otras instituciones del Estado:
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Policía Marítima: Queda habilitada para efectuar controles de identidad, resguardar el sitio del suceso y concretar detenciones dentro del plazo especial de 48 horas.
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Gendarmería de Chile: Podrá aislar la escena y custodiar evidencias ante delitos cometidos dentro de recintos penitenciarios, aunque no tendrá facultades para realizar controles de identidad.