Un monto que bordea los 600 millones de pesos alcanzan los dineros que “captó” la inversora A.C. Inversions en Punta Arenas y Puerto Natales.
Ese monto podría aumentar en el mediano plazo, una vez que a la treintena de esperanzados magallánicos que buscaron recibir cuantiosas utilidades a cambio de entregar, como promedio, 20 millones de pesos cada uno, a la cuestionada firma, también crezca.
Por ahora, se sabe que ese número de personas que aparecen víctimas del delito de estafa de Patricio Santos y sus colaboradores podría aumentar, tal vez en forma considerable, ya que se ha especulado que entre los afectados habría personal de instituciones armadas que fueron informadas y entusiasmadas por familiares y amigos que incursionaron en el singular y atractivo negocio en la capital y que, como ellos, hoy día aparecen como estafados.
Esos contactos personales y profesionales habrían sido utilizados, desde Santiago, por los captadores de AC Inversions para incorporarlos a sus actividades, prometiendo utilidades de hasta el diez por ciento mensual, lo cual en notablemente más alto que los que ofrece el mercado financiero formal (“fabulosamente bueno”, dijo uno de los afectados que invirtió 22 millones de pesos quien pidió reservar su identidad para no tener problemas en su trabajo).
Las denuncias, de acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI) fueron enviadas a la capital, a fin de que se sumen a los antecedentes recabados por la Fiscalía de Alta Complejidad y de Delitos Financieros y que ya significaron la imputación por el delito de estafa, entre otros, y la prisión preventiva para los tres principales responsables del ilícito que, en total ha afectado a unas cinco mil personas que aportaron, en conjunto y buscando realizar una inversión de alta rentabilidad, unos 52 mil millones de pesos.
Fiscalía
El Ministerio Público fue consultado al respecto y el fiscal regional, Eugenio Campos Lucero, indicó que está al tanto del problema, pero que las investigaciones y la acumulación de pruebas del delito detectado ya están en manos de la mencionada fiscalía capitalina.
El fiscal Campos indicó que esa decisión corresponde al principio de ejecución, es decir, el delito se cometió en Santiago, y que para favorecer a las víctimas se estimó necesario que todas las denuncias deberían estar en una sola fiscalía para facilitar la investigación pertinente.
Finalmente, fuentes judiciales, policiales y financieras indicaron que al destaparse el caso AC Inversions se puso en marcha un proceso de investigación, fiscalización y se aumentaron los controles internos de diversas entidades ligadas al mundo financiero que se mueve un terreno calificado como “difuso”, porque carece de un marco legal que lo regule y que, como lo ha sostenido la defensa de los imputados, no se habría cometido delito alguno y hasta se ha abierto la posibilidad de que los procesados pudieran quedar en libertad y sin cargos en el desarrollo del proceso judicial ya que sólo se habría producido “un mal negocio”.