Millonaria incautación de droga en paso fronterizo: imputado a prisión preventiva

Al inicio de la audiencia en el Juzgado de Garantía, que comenzó al
mediodía de ayer, el fiscal jefe de Punta Arenas, Eugenio Campos, dijo que “la
detención se efectuó 20 de junio del 2015, a eso de las 18.30 horas, en el
sector fronterizo Integración Austral, transportando consigo alrededor de 40
contenedores con droga ilícita, siendo en total más de 30 kilos de marihuana
paraguaya prensada”, controlándose así la detención del imputado, con el
procedimiento ajustado a derecho.

Luego de ello, se comunicó que se iniciaba una investigación por el
delito de tráfico de drogas, por los hechos ocurridos en el paso fronterizo
ubicado en el sector de Monte Aymond, el cual une la Región de Magallanes con
la provincia argentina de Santa Cruz  y
donde Retamal Urrutia manejaba un camión de una empresa chilena de transporte
proveniente de Argentina.

Al momento que personal de Aduanas efectúo la inspección visual al
camión y al cargamento que transportaba, notaron que los sellos aduaneros se
encontraban modificados, por lo que tomaron las medidas respectivas,
confirmando que estos fueron adulterados.

De esta manera se procedió a retirar los sellos, reteniendo al
conductor. Se detectó la presencia de cajas que mantenían oculta la droga: 40
ladrillos (envoltorios) de marihuana.

De inmediato se dio cuenta a los funcionarios de Carabineros de la
tenencia de Monte Aymond, procediendo a la detención del sujeto luego de que la
prueba de campo, efectuada a la sustancia transportada, diera positivo.

Luego de ello, y por instrucción del fiscal, el procedimiento quedó en
manos del OS-7 de Carabineros, que efectuó las diligencias respectivas.

Con los antecedentes antes señalados, el fiscal Campos solicitó para
el imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar su
libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa se opuso,
considerando que Retemal no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, el
juez accedió a la solicitud de la Fiscalía, decretándose 90 días para el cierre
de la investigación.

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