Cerca del mediodía de ayer, desde la Delegación Presidencial de la Provincia de Última Esperanza, se emitió un comunicado donde la institución señalaba tomar conocimiento de una “grave denuncia” contra uno de sus funcionarios.
Asimismo, se confirmó en el comunicado que por parte de la institución se establecieron de forma inmediata acciones a través de las cuales se daría paso a la investigación del presunto ilícito, como la denuncia ante la Policía de Investigaciones, para determinar las responsabilidades desde el ámbito penal. A la par, desde lo administrativo, se inició una investigación sumaria, dada la gravedad de la acusación, esto por supuesto de la mano del cese en las funciones del acusado.
Respecto de la primera medida ajustado a lo penal, efectivamente se conoció que la Brigada de Investigación Criminal de Natales de la PDI, inició un proceso de averiguaciones en virtud de la denuncia que habría interpuesto la delegación, pero además, también habría recibido la orden de investigar por parte de la Fiscalía Local de Puerto Natales.
Por otra parte, respecto de la medida correspondiente a la investigación sumaria desde lo administrativo trascendió que esta gestión obedeció a una solicitud realizada por parte del presidente provincial de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Héctor Rabanal, entidad que acudió en defensa de la denunciante.
Es importante destacar que esta exigencia desde la entidad gremial, obedece a que al ser el presunto infractor parte del personal de confianza de la delegación y no un funcionario de carrera, el mismo podría haber sido inmediatamente removido del cargo, sin que esto representara posteriores consecuencias en caso de que las investigaciones concluyeran la culpabilidad en el presunto hecho. En cambio, al abrirse la investigación sumarial, en caso de demostrarse la culpabilidad en el acto, correría esta persona con las consecuencias correspondientes, como por ejemplo la inhabilitación para ejercer un cargo público en otra oportunidad.
Cabe señalar que desde diversos sectores oficiales, comunicacionalmente la prioridad ha sido la discreción ante la delicada acusación, privilegiando la protección de la víctima y ofreciendo, como reza el comunicado, el apoyo y asesoría desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.