“La enfermedad de mi hija la detectamos porque pensamos que tenía un desgaste en los huesos por la actividad física que realiza. La llevamos a especialistas que nos dieron diferentes diagnósticos, pero cuando ella no podía caminar y fuimos a un tercer facultativo que dio con el cáncer luego de la biopsia”. Estas fueron las palabras de Saúl Soto Alarcón, padre de la joven de 21 años, Daniela Soto Alvarado, quien se encuentra en Santiago para comenzar su tratamiento.
El padre de la joven presentó ayer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas contra su isapre, ya que le señalaron que no cubren la clínica donde está internada la joven. “El recurso de protección que se presentó auspiciado por el abogado Robinson Quelín, a quien le doy las gracias, es porque ante los reclamos que realicé en la isapre en Punta Arenas y la superintendencia que fueron enviados a Santiago donde me respondieron negativamente a mi requerimiento. Hace mucho tiempo que estoy afiliado en Consalud, y nunca me he atendido, nunca he utilizado esta isapre. Uno piensa en los hijos y opta en estas prestaciones pero opté mal. Recurrí a la oficina de acá y me dijeron que la Clínica de la Católica no era prestadora de la red de Consalud y no se podía activar el catastrófico. Mi señora lo fue a ver directamente en Santiago y le dieron la misma respuesta que ambas cosas no son compatibles, pero yo al averiguar si se puede hacer, entonces lo que estamos peleando es un tema de vida, yo no envié a mi hija a la Clínica de la Católica antojadizamente, sino que fue derivada por el facultativo que la diagnosticó. En un momento determinado Consalud dijo que la podían derivar a otro centro de salud de la red de ellos, sin embargo, todos los certificados médicos de los especialistas dicen que el único centro especializado es la clínica de la Católica. A ella tienen que operarle la pierna, es una cirugía reconstructiva porque el cáncer partió en la pierna y tienen que cortarle gran parte del hueso de la tibia, eso tiene que ser trasplantado y el único especialista está en esa clínica”.
Soto agregó que todo el tratamiento y estadía en Santiago ha sido muy costoso, por lo que la situación con la isapre le ha sido muy difícil. “He hablado con mi señora que está en Santiago y se encuentra muy angustiada porque sólo en honorarios médicos se deben 6 millones de pesos, sin contar que el día cama en la clínica sale 350 mil pesos, lo que al multiplicarlo por los diez meses que debe estar mi hija en Santiago, tendría que hacerme una Teletón propia para pagar eso, y es imposible. Tenemos una red de amigos con eventos y rifas, pero eso es una importante ayuda, pero debemos mantener dos casas, una en Santiago donde nosotros no tenemos familia”.
Respecto al estado de salud de su hija, Saúl Soto agregó que “la Dani producto del cáncer tiene metástasis en los pulmones, se supone que las quimioterapias aminorarán el cáncer que tiene. Los médicos luego de la operación de la pierna donde se inició el cáncer, ya tienen programado efectuarle dos operaciones a los pulmones ya que su estado de salud está bastante mal. Mi hija se fue y no la veré hasta prácticamente octubre del otro año. El viernes ingresa a que le realicen tres quimioterapia, se encuentra en control y esto ha repercutido en que bajó de peso, ha perdido el cabello así es que decidió cortarse el pelo porque sicológicamente igual la estaba afectando”.
Por su parte, la asesora jurídica Blanca Montaña, asesora jurídica, en representación del abogado Robinson Quelín, señaló que “el papá es el afiliado a la isapre. La prestación trata que debe pagar todo lo que tiene que ver con controles médicos y cobertura, medicamentos y donde los planes de hospitalizaciones que deben cumplir y se haga cargo de los gastos que se ofrecen al momento de las prestaciones. En cualquier familia es bastante doloroso en la parte económica y personal, es algo que uno no espera de alguien tan joven, por lo que esperamos que la isapre entregue un informe y llegar a un buen término que en el fondo lo que se persigue es velar por la integridad de las personas y sus derechos que son fundamentales y que están en la Constitución política”.
En lo que se refiere la acción judicial señala que “alego que en la práctica, la intención de la recurrida, en orden a no otorgar cobertura GES en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de poner una serie de trabas e impedimentos sin motivos claros e inhumanos, que esta parte consideran justificación razonable para que la recurrente sea atendida y tratada por la grave patología diagnosticada, y sea objeto de intervención quirúrgica posterior, atenta de forma grave con las garantías constitucionales aseguradas por nuestra carta fundamental. Los informes médicos tanto del traumatólogo en Punta Arenas y un especialista en Santiago dan cuenta la urgencia de que Daniela debe ser atendida en aquel centro asistencial lo que constituye a entender de la recurrente un acto ilegal y arbitrario”.