Esta comisión tiene por objetivo asesorar en el debido resguardo de
los derechos y condiciones de vida de estos jóvenes y adolescentes, tanto al
interior de los Centros Privativos de Libertad administrados por el Servicio
Nacional de Menores, como en las Secciones Juveniles de los establecimientos
penitenciarios de Gendarmería de Chile.
Su tarea se enmarca en el ámbito de acción de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente (N° 20.084), a partir de cuya vigencia en
2007 se debe visitar dos veces al año aquellos establecimientos que alberguen a
adolescentes o adultos que hayan sido condenados cuando eran menores de 18
años, y estén cumpliendo una medida cautelar de internación provisoria o
sanción privativa de libertad. La mencionada comisión está integrada a nivel
regional por el Seremi de Justicia y DD.HH., el Fiscal de Corte de Apelaciones,
además de representantes de la Fiscalía Regional, Defensoría Penal Pública,
Corporación Municipal, Universidad de Magallanes, Corporación Opción, Oratorio
Jacinto Bocco, Fundación Esperanza, Unicef y el Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
El programa de trabajo de los comisionados incluyó entrevistas con
funcionarios y directivos de los centros, al igual que con los adolescentes,
recabando una completa información sobre las condiciones de funcionamiento de
cada una de las áreas de trabajo de ambas instituciones. El primer día hubo
visitas a la sección femenina juvenil del Complejo Penitenciario y al centro
semi cerrado en Río de Los Ciervos, además de una presentación por parte del
director regional de Sename, Christian Gallardo, de su proyecto socioeducativo
juvenil. El jueves recorrieron las dependencias de los sistemas de internación
provisional y cerrado, con las respectivas reuniones de evaluación al
finalizar, lo que les permitió tener una impresión general de cada
establecimiento, formular recomendaciones y revisar el grado de cumplimiento de
aquellas indicaciones hechas en semestres anteriores.
Como coordinador de la comisión, el seremi Pablo Bussenius valoró este
trabajo técnico, que aborda aspectos tan esenciales como infraestructura,
salud, educación, seguridad, tratamiento de drogas y alcohol, disciplina, entre
otros, y cuyo aporte resulta vital para la detección o bien la corrección de
eventuales falencias o vulneraciones de derechos de que pudieran estar siendo
objeto los jóvenes infractores de ley.