El Servicio de Impuestos Internos (SII) accedió a antecedentes recabados por el Ministerio Público en la investigación del fraude en Carabineros, con el objetivo de determinar eventuales delitos tributarios.
El director del SII, Fernando Barraza, comentó que “el caso en particular está siendo investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por supuesto que nosotros hemos sido requeridos por información y estamos colaborando. En todos estos casos hacemos un análisis de los antecedentes y los evaluamos”.
Respecto a los gastos reservados, la fiscal Macarena Cañas avanza en nuevas diligencias y ahora no sólo indaga el uso de sobresueldos durante el actual mando de Carabineros, donde incluso se habrían pagado este año, sino que también los manejos financieros de las autoridades anteriores de la institución uniformada. En esta arista declararán los generales en retiro Iván Whipple Mejías y Julio Pizarro Konga, por lo que el abogado querellante, Fernando Villarroel, afirmó que “Pizarro Konga también ya tenía responsabilidad y eso se tiene que determinar y estamos aportando el máximo de antecedentes, de ayuda”.
“Tenemos conocimientos técnicos y tenemos material que en algún momento se lo vamos a entregar, pero es muy bueno que esté el señor Whipple, Pizarro Konga, (declaren) porque había una concatenación. Con don Flavio Echeverría hubo una exageración en todo esto”, argumentó el profesional.
De acuerdo a las planillas que entregaron parte de los imputados a la Fiscalía, al menos 11 de los 41 generales aparecen con diversos montos asignados entre el 2007 y el 2010.
Ante esto, la fiscal jefa de alta complejidad Centro Norte, Ximena Chong, recalcó que trabajan al margen de cualquier tipo de presión para determinar la eventual malversación de caudales públicos y también otros delitos y quiénes habrían participado en ese tipo de ilícitos.
Por su parte, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, sigue recopilando antecedentes tendientes a determinar responsabilidades en los funcionarios uniformados y militares que fueron foprmalizados.
Para este viernes al mediodía está fijada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una cautela de garantías que busca el levantamiento del secreto en la investigación.
El fraude alcanza una cifra cercana a los 17 mil 500 millones de pesos.