Durante la madruga de ayer,
personal de la Central de Comunicaciones de Carabineros recibió un llamado dando
cuenta que un sujeto, que vestía jeans y cargaba una mochila negra, intentaba
ingresar a una vivienda.
Una patrulla de la SIP que se
encontraba en las cercanías del pasaje José Ballesteros, sector sur de la
capital regional, se dirigió hasta el lugar, efectuando una serie de rondas por
el sector, divisando a un sujeto de similares características a las entregadas
por el denunciante que se comunicó con la Cenco.
Al acercarse al sujeto, éste
manifestó que sólo transitaba por el lugar, por lo que los funcionarios
policiales procedieron a efectuarle un control de identidad, detectando al
momento de revisar su mochila que mantenía una bolsa nylon con una sustancia
similar a la marihuana, por lo que procedieron a solicitar la presencia de un
equipo del OS-7 para que realicen las diligencias propias de su especialidad,
efectuando la prueba de campo, lo que dio positivo para marihuana.
El subcomisario de Punta Arenas,
capitán Marcelo Ruíz, señaló que se trató de “un procedimiento que ingresa al
133, donde la Cenco envía personal a José Ballesteros con Manuel Rodríguez. Con
esta información la SIP y personal de Servicio a la Población se dirigen al
lugar. En el sector proceden a fiscalizar a un sujeto que mantenía las mismas
características entregadas. Al revisar una mochila se percataron que mantenía
213.8 gramos de marihuana, y con el apoyo del OS-7 se procedió a efectuar hacer
la prueba de campo, arrojando positivo a marihuana. Las dosis son
aproximadamente 700, avaluadas en 2.600.000 pesos, si esto se hubiese
comercializado. El detenido mantiene antecedentes penales por tráfico y otros
delitos contemplados en la ley 20 mil, además de una detención por lesiones
graves”, dijo el oficial de Carabineros.
Agregó que “es marihuana
elaborada, y la mantenía en su mochila, no fue necesario ingresar a ningún
domicilio, y con respecto al destino de la droga se está investigando. No opuso
resistencia al ser detenido”.
Continuando con el procedimiento
respectivo, esta persona fue trasladada al Hospital Clínico de Magallanes para
constatar lesiones, siendo luego derivado hasta la Primera Comisaría de
Carabineros, donde prefirió no declarar, haciendo uso de su derecho a guardar
silencio, siendo puesto a disposición de la Fiscalía.
Audiencia
Ayer en la tarde, se realizó la
audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de
Patrick Velozo Peña, de 32 años, donde la abogada defensora del imputado,
Karina Ulloa, solicitó al Tribunal de Garantía que se declare ilegal la detención
de su defendido, señalando que “no se justificaba controlar la identidad, y
luego de ello la revisión de especies, en este caso una mochila, y revisar lo
que había e incautar y todas las diligencias que se vienen, sin perjuicios de
lo que pueda acontecer más adelante. En este caso hacemos presente que
Carabineros, una patrulla de la SIP, recibe una llamada a Cenco dando cuenta
que una persona había entrado a un domicilio con una mochila negra. Una hora
después se le hace un control de identidad, porque llevaba una mochila negra en
la espalda. En base a ese control se le encuentran las especies que fueron
incautadas”.
Pese a ello, el tribunal no
accedió a la petición de la defensa, declarando que la detención se ajustó a
derecho continuando con la formalización.
Fue así como el fiscal jefe de
Punta Arenas, Fernando Dobson, le comunicó al imputado que se inició una
investigación en su contra por los hechos antes descritos, señalando que “a
juicio de la Fiscalía este hecho configura el delito de tráfico de pequeñas
cantidades, establecido en el artículo 4 de la Ley 20.000”.
El juez Juan Enrique Olivares dio
la opción en la audiencia de que el imputado pueda hacer uso de la palabra
durante la audiencia, señalando la defensa que su cliente nuevamente guardaría
silencio.
El fiscal solicitó que Velozo
quede con la medida cautelar de arraigo regional, argumentando para ello los
antecedentes que mantiene el imputado, medida que no fue objetada por la
defensa, quedando con la prohibición de abandonar Magallanes, durante los 90
días que se decretaron de plazo para el cierre de la investigación.