Ayer fue llevado al Juzgado de Garantía de
Punta Arenas el ciudadano identificado como Héctor Díaz Gallardo, quien fue
detenido en horas de la madrugada por personal de Carabineros luego de que se
encontrara en su poder una gran cantidad de herramientas que fueron denunciadas
por robo.
El sujeto fue formalizado por el
delito de receptación, donde la fiscal Wendoline Acuña le comunicó al imputado
que se ha iniciado una investigación en su contra por los hechos ocurridos
cerca de las 3.30 horas del 25 de octubre, al interior del domicilio de calle
Brasil, en la Población Juan Pablo II.
La representante del Ministerio
Público señaló que “cerca de la 1.00 horas del 25 de octubre, Carabineros
recibió una denuncia, donde
daban cuenta de la sustracción de herramientas, la cual afectaba a la empresa
Ebcosur, que está trabajando en el sector de Avenida Circunvalación con calle
Camilo Henríquez, frente al recinto penitenciario de Punta Arenas. De acuerdo a
lo informado, desconocidos ingresaron y sustrajeron diversas herramientas,
huyendo rápidamente del lugar. Horas más tarde, se recepcionó una denuncia
anónima, vía telefónica, donde se informaba que en el domicilio del imputado,
Díaz Gallardo, habían algunas herramientas.
Con este antecedente se solicitó
la orden de allanamiento al juez Pablo Miño, quien dio paso al registro del
inmueble, donde personal policial encontró todas las herramientas que habían
sido denunciadas como sustraídas, las cuales estaban ocultas en una habitación.
De manera inmediata se procedió a la detención del imputado”. La información
señala que lo sustraído, en su totalidad, sumaba cerca de 1.800.000 pesos,
entre sierras circulares, martillos eléctricos, elementos de corte, que son
ocupados habitualmente por los funcionarios de la empresa Ebcosur para trabajar
en la construcción de viviendas situadas en el sector surponiente de Punta
Arenas, y donde se está trabajando desde hace varios meses.
Con estos antecedentes, la
fiscal solicitó que al imputado se le aplique la medida cautelar de arraigo
regional, además de la prohibición absoluta de acercarse a la empresa
constructora, debiendo firmar cada 15 días ante el Ministerio Público, lo que
fue acogido por el magistrado. Se decretó un plazo de 60 días para el cierre de
la investigación, que fue solicitado por el abogado defensor Guillermo
Ibacache.
Las penas por el delito de
receptación pueden llegar hasta los
cinco años de cárcel.