Así se diluyó
el debate por quién pagaría finalmente el cambio de los medidores
eléctricos en los hogares de los chilenos y chilenas.
En
el ambiente quedó una sensación entre triunfo y derrota, donde no se
supo bien quién ganó o quién salió perdiendo con el término del
conflicto que no alcanzó a escalar. La pronta reacción de las
autoridades que determinaron que el recambio sería voluntario, puso
freno de mano a cualquier intento de escalada del problema.
Si
bien es cierto, ahora los clientes no estarán obligados a cambiar los
artefactos ni menos a pagarlos, lo que transforma la situación en un
nuevo logro ciudadano, la polémica terminó por encubrir a los que en
definitiva nos terminaron por meter en este tema.
A
pesar de que, hubo intentos por hacer pasar el cuento de los medidores
como una reciente medida impulsada por el recién instalado gobierno de
Sebastián Piñera, a poco andar se supo que, la idea venía de bastante
antes y peor aún, la iniciativa había sido aprobada y ratificada por los parlamentarios.
Fue
durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, durante el
verano de 2018, la Cámara de Diputados, de manera transversal sin
distinción política, dio el si a la propuesta, a partir de ahí, comenzó el silencioso camino del cobro por cambiar los antiguos medidores por otros “inteligentes”.
El proyecto estaba originado en 2015 pero recién en marzo de este año se destapó a la luz pública.
Con
esa misma inteligencia de los novedosos nuevos medidores, la mayoría de
los congresistas intentaron despegarse de la responsabilidad que habían
tenido en el abusivo cobro. Algunos tuvieron mejor suerte, otros, no
pudieron explicar lo inexplicable.
Otros, con más picardía política, aprovecharon la circunstancia para llevar agua para su molino.
Disfrazados de abanderados del clamor popular, algunos legisladores simularon estar al frente del rechazo de la normativa, en un intento por ocultar su participación, como a media luz.
Así,
algún senador ocupaba cada espacio mediático disponible para mostrarse
diligente apuntando sus dardos hacia el Ejecutivo. La diputada
magallánica, mucho antes de todo el ruido, presentaba la propuesta de
hacer voluntario el recambio tecnológico, con el propósito de devolver
el espíritu original de la ley que tenía, en ese entonces, la misión de
ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Coquimbo.
La
solicitud de la parlamentaria tuvo más y mejor efecto en lo concreto
que la cacería del senador. Es mejor ser parte de la solución que del
problema.
DIPUTADO
CON STICKERS
Historia
aparte fue la curiosa campaña impulsada por otro diputado magallánico
que, a modo de censista salió a caminar las calles repartiendo
autoadhesivos con una consigna más cerca de la búsqueda anticipada de
futuros votantes.
El
llamado del legislador invitaba a retirar los stickers en su propia
oficina parlamentaria, lo que hacía aún más dudosa su real motivación en
el medio del debate por los medidores.
La
novedosa cruzada se desinfló, o apagó súbitamente, para ser más
consecuentes, con el anuncio de la ministra de Energía revirtiendo los
cobros que dejó la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en el decreto 21.076 que establece el cambio
obligatorio de los medidores.
Sin
más sentido para los autoadhesivos, Finalmente el Presidente Sebastián
Piñera terminó por resolver que el proceso de cambio de medidores sería
voluntario donde la decisión recaerá en los propios clientes
posibilitando que, los usuarios puedan evaluar si eligen contar con uno
de nueva tecnología o permanecer con el actual o antiguo aparato.
Según
se anunció, “el recambio se podrá iniciar con los medidores que son
propiedad de la empresa, lo que permitirá a los hogares que hoy pagan
arriendo descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías
deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación
distribuida, a nuevos clientes y proyectos inmobiliarios, así como
aquellos que soliciten el recambio de forma voluntaria, o tengan equipos defectuosos”, informaron desde la cartera de Energía.
Conjuntamente, “se
revisará a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras de
manera de asimilarlas a otros sectores regulados, en los cuales se
calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el sector y se establece
un piso de 6%. También se modificará el proceso tarifario, para que sea
transparente, con participación de la sociedad, y con un panel de
expertos que permita garantizar que las tarifas fijadas son las mínimas
para entregar un servicio eléctrico moderno y de calidad”.
Así,
por el momento, quedó zanjado un tema que, sin querer, al menos para
los usuarios, se transformó en una discusión nacional. Lo que partió con
una mala jugada de la expresidenta, considerada por su propio ex
ministro Máximo Pacheco como un “golazo” que se le filtró al Estado, y
ratificado por los parlamentarios, sirvió para conocer cómo en el
Congreso a veces se culpa al arbitro de las malas decisiones en defensa,
mientras otros aprovechan las distracciones para sacar alguna mezquina ventaja a costa de los perjudicados ciudadanos.