Ante la falta de cumplimiento de
la Ley 26.776, sobre cruce por aguas argentinas, la Federación Popular del
Transporte (Fepotra) solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación que
interponga un recurso de amparo para que sea la Justicia la que obligue al
Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento a la normativa vigente.
Diario El Sureño, señala que en
el escrito se solicita al Defensor que “presente amparo colectivo e interceda
de forma inmediata para el cumplimiento de la Ley Nacional 26.776” sancionada
el 31 de octubre de 2012, que ordena como “política de Estado” la vinculación marítima
entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Junto a una detallada
fundamentación, se entregaron más de 1000 fojas de pruebas documental, en un
encuentro que el vocero de la Federación, Daniel Guzmán, mantuvo con el abogado
del Organismo Nacional, el doctor Guillermo Szwarcberg.
La solicitud de la Federación
vino a ratificar la presentación -en tal sentido- elevada por el ciudadano
santacruceño Carlos Gonzalo Somoza el 3 de julio. Aunque en este caso, el
requerimiento fue acompañado por una detallada fundamentación, nutrida
documentación y solicitudes de pruebas y opiniones.
“Venimos, además, a aportar
pruebas de los dos procesos de incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo
Nacional, tanto el transitado durante el periodo del 19 de noviembre de 2012 al
10 de diciembre de 2015 y desde esta última al día de la fecha. También a
entregar documentación que permitirá una mayor interpretación y análisis de
todos los componentes, para que la ley cumpla acabadamente con su mandato”,
indica el escrito que fue presentado ante la Defensoría del Pueblo.
Proyecto
La propia Federación Popular del
Transporte (Fepotra) de Argentina elaboró un estudio económico basado en la
facturación de la empresa magallánica Transbordadora Austral Broom (Tabsa), que
realiza el cruce en barcazas entre la isla de Tierra del Fuego y el continente.
Según consignó Telam, al no
existir una conexión directa vía terrestre ni marítima entre Tierra del Fuego y
la provincia señalada, residentes y turistas de Tierra del Fuego se ven
obligados a pasar por Chile hasta la zona de Primera Angostura o Punta Delgada,
donde sólo Tabsa ofrece el servicio del cruce del Estrecho de Magallanes.
Fepotra, sostiene que la
necesidad de una alternativa de conexión marítima por aguas argentinas es
importante por razones de soberanía y porque implicaría la recuperación del
negocio del transporte de vehículos, de pasajeros y de productos, que actualmente
administra la firma Tabsa.
“En principio decimos que se
trata de un cruce soberano porque nos sacaría de la obligación de pasar por
otro (país) para ir desde una provincia argentina a otra. Se trata de una
necesidad vital y de garantía del derecho constitucional de libre circulación
por nuestro territorio”, argumentó en su oportunidad un integrante de Fepotra,
Daniel Guzmán.
No obstante, la entidad estudió
también las variables económicas detrás del cruce, mediante un trabajo que
recopiló información oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) la
Dirección General de Migraciones (DGM) y la Dirección Nacionalidad de Vialidad
(DNV), entre otros entes públicos.
Y los resultados arrojaron que
durante los últimos cinco años, realizaron el cruce por Chile en ambos sentidos
y, en promedio, unos 315 automóviles, 188 camiones y entre ocho y 9 colectivos
diarios. Además de los vehículos y pasajeros, atravesaron el Estrecho de
Magallanes -en las barcazas de Tabsa- un promedio de 1.734.233 toneladas
anuales de productos.
Cifras
“Aunque nos falta actualizar los
datos del último año y medio, hablamos de un negocio de unos US$40 millones que
los argentinos entregamos a una empresa privada y monopólica extranjera”,
sentenció Guzmán.
Según el análisis de la Fepotra,
cada camión de carga de las fábricas electrónicas, plásticas o textiles de la
isla, debe cubrir un sobrecosto de US$470,7 para pasar por Chile y llegar a
Santa Cruz en su viaje a los grandes centros de distribución.
La Fepotra postula que el hecho
de que Argentina tenga presencia en ambas costas de la boca oriental del
Estrecho de Magallanes resultaría “estratégico” para el control de la actividad
marítima comercial y petrolera en la zona, generando, además, “la oportunidad
de desarrollar la industria naviera o proveedora de servicios”.
En este contexto, la ex
Presidenta Cristina Fernández de Argentina, firmó en julio de 2015 el decreto
1423/15 que constituyó el denominado “Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo Sur”,
destinado a financiar las obras del cruce, aunque el aporte inicial de US$100
millones prometido por las autoridades nacionales nunca se materializó.
“Fue un anuncio realizado en Río
Gallegos, junto a los gobernadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que
parecía darle un fuerte impulso político al proyecto. Pero creemos que la
ausencia de estudios serios de factibilidad hicieron que la idea no avanzara y
el dinero nunca se depositó”, mencionó Guzmán.
La entidad sostiene que el cruce
debe realizarse en el tramo más corto, entre Cabo Espíritu Santo y Cabo
Vírgenes, situados a unos 30 kilómetros de distancia, al menos con dos buques
porta vehículos con capacidad para el traslado simultáneo de pasajeros,
automóviles y camiones.
Las naves cubrirían el trayecto
en un tiempo aproximado de una hora y media, y se realizarían ocho cruces
diarios -considerando ambos sentidos de la navegación- entre instalaciones
portuarias a construir, totalizando una inversión que, según la entidad, puede
ascender a unos US$300 millones.
“Los buques se podrían construir
en Argentina, en el Astillero Río Santiago. Hablamos de un cruce seguro,
regular y permanente. Hablamos de la soberanía, pero también de una oportunidad
de desarrollo económico para toda la zona”, agrega Guzmán.